La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) pide medidas sustitutivas al encarcelamiento para los drogodependientes
Afirma que la aplicación desproporcionada de las leyes sobre drogas menoscaba los tratados
Este organismo, dependiente de la ONU, ha exhortado a los gobiernos a que apliquen la ley de manera proporcionada al procesar a los autores de delitos relacionados con drogas
17/03/2008
La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) asegura que, de no hacerlo así, se pueden socavar los esfuerzos por aplicar efectivamente los mismos tratados que se procura cumplir con esas leyes.
El tema central del capítulo I del Informe anual de la JIFE corrrespondiente a 2007 es el principio de proporcionalidad y losdelitos relacionados con drogas.
La JIFE observa que muchos países han avanzado desde que, en su informe correspondiente a 1996, planteó la cuestión de la proporcionalidad. "Sin embargo, algunos países siguen haciendo esfuerzos desproporcionados, concentrándose en los delincuentes menores y los consumidores de drogas, en vez de abordar cuestiones más acuciantes como descubrir, neutralizar y castigar a los que controlan u organizan actividades de narcotráfico a gran escala".
Al mismo tiempo, la Junta destaca la necesidad de aplicar a las personas drogodependientes medidas sustitutivas del encarcelamiento, entre ellas el acceso a programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción, la JIFE insta a los gobiernos a que presten la debita atención a los casos de abuso de drogas por parte de figuras públicas famosas.
En el informe se indica que existen amplias diferencias entre países y regiones en cuanto a la tolerancia hacia los delitos relacionados con drogas y sus autores. Las sanciones aplicadas a delitos análogos pueden resultar muy severas en algunos lugares, pero poco severas en otros.
Los tratados de fiscalización internacional de drogas, que están bajo la custodia de la JIFE, promueven y facilitan respuestas proporcionadas de parte de los Estados a los delitos relacionados con drogas y sus autores. Sin embargo sólo establecen normas mínimas. Si bien eso no plantea problemas cuando se trata de sancionar el tráfico de drogas a gran escala, no existe un 'instinto moral' universal sobre lo que está bien o está mal cuando se trata de imponer un castigo en casos menos graves.
Muchos Estados imponen pena de prisión incondicional a los drogodependientes por delitos menos graves, por ejemplo, la posesión o adquisición de drogas para consumo personal, y esos infractores por lo general constituyen una proporción considerable de la creciente población carcelaria de algunos países.
En su informe la JIFE insta enérgicamente a los Gobiernos a que adopten varias medidas correctivas, entre ellas asignar un alto grado de prioridad a la promulgación y aplicación de leyes que faciliten el embargo preventivo y la incautación de los bienes de los traficantes de drogas.
También insta a los Estados a que amplíen el alcance de los programas de tratamiento del abuso de drogas y rehabilitación en el entorno penitenciario y el acceso a esos programas Además, pide a los Gobiernos que aumenten la variedad de sanciones privativas y no privativas de libertad y que consideren la posibilidad de recurrir a tribunales especializados en cuentiones de drogas con objeto de prestar atención, en particular, a a las personas que sean propensas a recaer en un estilo de vida de alto riesgo, lo que abarcaría la remisión a tratamiento obligatorio, cuando proceda, como medida sustitutiva del encarcelamiento.
La
Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) es un
órgano independiente dentro del sistema de Naciones Unidas, dedicado a velar por el cumplimiento de los tratados internacionales sobre drogas.
Está compuesto por 13 expertos mundiales independientes que trabajan en
Viena, dentro de la sede de la Oficina de Naciones Unidas contra la
Droga y el Delito (ONUDD).