UNAD

Hace años que las personas en situación o riesgo de exclusión disponen de una herramienta para la inclusión sociolaboral, las llamadas Empresas de Inserción, aunque no ha sido hasta finales del año 2007 que han contado con el respaldo de una Ley que regula este tipo de instituciones socioeconómicas.

Las Empresas de Inserción nacieron como un instrumento para luchar contra la pobreza y la esclusión social. Se trata de iniciativas empresariales que combinan la lógica empresarial con metodologías de inserción sociolaboral.

Se trata de empresas que no están al margen de los procesos convencionales de la economía, yanque producen bienes y servicios, mejoran el entorno, potencian los servicios a las personas y favorecen la calidad de vida, siendo rentables y competitivas. Pero junto a la rentabilidad económica tienen una importante rentabilidad social, ya que los beneficiarios dejan de ser personas excluídas, dependientes e incluso pasivas, para convertirse en ciudadanos productivos.

Durante años las Empresa de Inserción han desarrollado su actividad en un marco de alegalidad. En los últimos años varias Comunidades Autónomas legislaron al respecto, y a finales del año 2007 el Congreso aprobó el proyecto de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción laboral, con un amplio respaldo a la mayoría de enmiendas aprobadas en el Senado. Todos los partidos políticvos coincidieron en destacar el elevado grado de consenso en la tramitación de la ley.

España es uno de los últimos países de la Unión Europea en tener una legislacióne específica sobre empresa de inserción, a pesar de que el proyecto de ley inició su tramitación hace 25 años.

La Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción pretende regular la actuación de las empresas que contratan a trabajadores en riesgo de exclusión social, para luego incorporarlas al mercado laboral ordinario. Estas entidades deben reunir, entre otros, los siguientes requisitos: mantener un nivel de trabajadores en proceso de inserción del 30% de la plantilla durante los tres primeros años y del 50% a partir del cuarto, y aplicar, al menos, el 80% de los resultados a la mejora de sus estructuras productivas y de inserción.

Este tipo de empresas recibirán ayudas y bonificaciones por la tarea de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión social, con especiales dificultades para su acceso al mercado de trabajo, y deberán destinar al menos el 80% de sus resultados a la mejora de sus estructuras productivas y de inserción.
Entre otras cuestiones, se regulan los tipos de contratos y se establecen bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social de 850 euros durante toda la vigencia del contrato o durante tres años en caso de contratación indefinida.

Con esta ley se reconoce el papel de estas empresas y dota de un instrumento jurídico que les permitirá mejorar su trabajo. Algúna diputada ha señalado que se trata de un hecho histórico para estas empresas que llevaban 25 años sobreviviendo en una situación de alegalidad pero que han ocupado un papel vital en las políticas de lucha contra la exclusión social.

Las empresas de inserción son un dispositivo esencial para combatir la pobreza y la exclusión . El sector, y en concreto UNAD, había reclamado la necesidad de esta regulación.