La provincia argentina de San Juan, unos 1.100 kilómetros de Buenos Aires, aprobó una ley que impide, además, la venta de pegamentos a cualquier persona en kioscos, almacenes y puestos ambulantes.

La norma dispone que este producto se podrá adquirir solamente en lugares específicos y habilitados para evitar el consumo destinado a la drogadicción.

La ley prohíbe también el suministro de pegamentos de cualquier naturaleza de manera fraccionada.

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