El 3,2 por ciento de las 22.287 quejas recibidas por el Defensor del Pueblo a lo largo del pasado año se debieron a cuestiones relacionadas con la sanidad, con un total de 726 protestas, 604 de ellas realizadas de forma individual y 103 fueron colectivas, según recoge el Informe Anual del Defensor del Pueblo 2009.

El defensor del Pueblo, dentro del apartado de 'Actuaciones destacables' de su informe,  llama la atención sobre el "problema crónico" de las listas de espera y, en este sentido, aprecia en la actividad de "muchas" administraciones sanitarias una "inclinación hacia la externalización de servicios justificada en la búsqueda de eficacia y de modernización de los recursos existentes, a pesar de que para algunos problemas estructurales, entre los que se encuentran las lista de espera diagnósticas, no se aportan soluciones o son poco eficaces".

Las listas de espera pueden ser la expresión natural de un imposible acoplamiento diario entre oferta y demanda siempre que los tiempos de demora sean "razonables", este problema sigue generando un "extraordinario número de quejas"  porque un elevado número de pacientes deben esperar meses o incluso años para ser diagnosticados o recibir tratamiento especializado, especialmente en algún servicio de salud y en determinados procesos, donde subsisten demoras superiores a los seis meses.

 De hecho, señala que en lo que se refiere a consultas externas y a técnicas y pruebas diagnósticas, las quejas han sido muy numerosas, incluso más que en años anteriores, en las que se pone en evidencia la existencia de amplios e inaceptables en ocasiones tiempos de espera, a pesar de su volumen de actividad y de su creciente relevancia asistencial.

NO EXISTE LA COMPLETA UNIVERSALIDAD DE LA ASISTENCIA EN ESPAÑA

Además, el defensor del Pueblo denuncia que "la completa universalidad de la asistencia sanitario en España no ha podido completarse después de 23 años desde la aprobación de la Ley General de Sanidad, aunque ha conseguido un grado de desarrollo muy alto". En este sentido, denuncia que "este derecho todavía no es efectivo para la totalidad de las personas que viven en España".

Respecto a otras cuestiones, el informe apunta que "siguen siendo significativas las quejas sobre el extravío de historias clínicas e infracción de derechos de los pacientes en lo que concierne al consentimiento informado", por lo que recomienda "seguir profundizando en la concreción y efectividad de los derechos de los pacientes en materia de información y documentación clínica".

También reclama "la necesidad de profundizar en la estrategia y actualización de ordenación normativa de estas prestaciones, con fundamento en el notable avance del progreso científico en el campo de la biomedicina y en la constatación de desequilibrios territoriales y de diferencias, cada vez mayores, en las carteras de servicios de las comunidades autónomas, en aspectos como nuevas terapias y medicamentos, calendario de vacunación, salud mental, enfermedades raras o poco frecuentes, tratamiento de la fibromialgia y fatiga crónica, diagnóstico genético preimplantatorio, cuidados paliativos y tratamiento del dolor, aplicación de técnicas de reproducción humana asistida a personas con VIH, tratamiento reparador de la lipoatrofia en VIH/SIDA, catálogos de prestaciones ortoprotésicas, atención bucondental, cirugía de reasignación de sexo, daño cerebral sobrevenido, atención podológica a pacientes diabéticos, terapias contra el tabaco y ayudas económicas a personas celiacas".

 EXCESIVA BUROCRATIZACION, AUSENCIA DE PEDIATRIA Y PROBLEMAS EN LAS URGENCIAS

Por lo que se refiere a la Atención Primaria el informe destaca la burocratización de las consultas y la escasez de especialistas en Pediatría, mientras que en la especializada el número de quejas ha sido "amplio sobre cuestiones dispares", entre las que se refiere a la implantación de nuevas formas de organización y gestión en centros y servicios sanitarios de la Comunidad de Madrid, el acceso a la atención en los centros y servicios, problemas en la estructura, organización y funcionamiento de centros y servicios, y sobre los servicios de urgencia de diferentes comunidades autónomas por "notables demoras en la prestación de la asistencia y la inadecuación de la estructura de algunos servicios", o por la ausencia de camas libres que impiden la hospitalización.

 El informe también hace referencia a la inexistencia de un marco legal que regule la calidad e idoneidad de las actividades y productos utilizados en las denominadas terapias naturales, a pesar del compromiso del Ministerio de Sanidad, y a la necesidad de promover "de forma urgente y decidida" una nueva cultura de relación con la seguridad y responsabilidad en el ámbito sanitario para "reducir las incidencias clínicas a través del estudio de las causas y la continua mejora de la práctica profesional".

Finalmente, hace referencia a los tres millones de personas afectadas por enfermedades raras en España para las que todavía son muchos los retos pendientes para garantizarles una atención de calidad, y a los afectados de la talodimida en España de quienes apunta que, aunque las medidas adoptadas al respecto "vienen a dar solución a algunos de los problemas planteados, lo cierto es que en España todavía no se ha asumido una realidad reconocida y proclamada en la mayor parte de los países de nuestro entorno económico y cultural en los que las respectivas administraciones públicas han dado respuesta efectiva a la grave situación de las personas afectadas".