Según ENLACE, “resulta incomprensible que se excluya a las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta, además, la vulneración de derechos que se produce constantemente en las prisiones, entre ellas, condiciones de hacinamiento impropias de un Estado democrático y de derecho o acceso insuficiente a tratamiento sanitario y terapéutico, sin olvidar los constantes casos que conocemos de personas presas que han sufrido tortura y malos tratos y que muchas veces no se atreven a denunciar por la impunidad que existe tras los muros de las prisiones”.

ENLACE considera que, además del hecho grave que afecta a las personas privadas de libertad, “hoy por hoy, nuestra valoración del funcionamiento de la Justicia Gratuita en general es que presenta muchas deficiencias, cuando estamos hablando de un servicio público que tiene por finalidad garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a toda la ciudadanía”. La Federación Andaluza señala que la retribución que se asigna a los abogados en la Justicia Gratuita es tan baja que influye en una dedicación normalmente muy deficiente a esta labor, lo que repercute en última instancia en la desatención que sufren las personas con menos recursos que no pueden costearse un letrado privado. “Con mucha frecuencia ocurre que las personas conocen a su abogado el mismo día del juicio, sin haber preparado este adecuadamente, por lo que el derecho a la defensa queda muy mermado y también adolece nuestro sistema de un mínimo control de calidad”.

En particular, ENLACE muestra su inquietud por una práctica cada vez más extendida, sobre todo a partir de las reformas legales de 2002-2003, “que abrieron la puerta a la celebración de los juicios rápidos, dándose la circunstancia de que muchas personas, como mal menor y por el temor a no contar con una buena defensa, ceden al “chantaje” del Ministerio Fiscal, aceptando la condena por conformidad, e incluso en muchos otros casos, esta conformidad se produce sin conocer aún el escrito de calificación del Fiscal y, por lo tanto, la condena a la que se expone”.

ENLACE afirma que “es un panorama indigno tanto para las personas que necesitan defensa como para los propios abogados, que nos sitúa incluso por debajo de países muy empobrecidos, por ejemplo, de América Latina, que cuentan con abogados, defensores públicos, dedicados específicamente a esta labor, como el Juez o el Fiscal, y a los que se puede pedir responsabilidad si no la desarrollan adecuadamente”.

La Federación entiende que “es urgente el compromiso de las Administraciones y los Colegios de Abogados en dar una solución a esta situación, incluyéndola en las distintas agendas de actuaciones de modernización de la Justicia”.