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La II Jornada de UNAD para el fomento de empresas de inserción y de otras formas de incorporación de personas en situación o riesgo de exclusión social destaca la importancia de la economía social en época de crisis

Luciano Poyato, presidente de UNAD, Juan José Barrera, Director General de la Economía Social, y Carmen Moya, Delegada del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas, participaron en la inauguración de la jornada, dirigida a directivos y gerentes responsables de empresas de inserción y cualquier otro recurso de creación de empleo y de economía social y también a los directivos, profesionales, voluntarios y usuarios de las entidades sin animo de lucro que trabajan con los colectivos en riesgo de exclusión social.

Palacio de Longoria. Sede de la SGAE

Durante la jornada, financiada por la Secretaría General de Empleo del Ministerio de Trabajo y Emigración, se puso de manifiesto la importancia de la llamada economía social. Importancia no reflejada ni en los medios de comunicación ni en los discursos de la clase política, pero refrendada por las cifras.

Juan José Barrera señaló en su intervención las importantes novedades legislativas que se etán produciendo para reforzar jurídica y económicamente a las organizaciones de la economía social, y destacó el papel que organizaciones como UNAD pueden jugar en la inclusión de personas vulnerables. Por su parte, Carmen Moya recordó que la actual Estrategia Nacional Sobre Drogas tiene entre sus prioridades la inserción sociolaboral, y señaló que para el Plan Nacional es importante la labor de incorporación al mercado laboral de personas que han tenido problemas con las drogas.

La II Jornada para el fomento de empresas de inserción y de otras formas de incorporación de personas en situación o riesgo de exclusión social  ha permitido una reflexión colectiva sobre este tema además de permitir el intercambio de experiencias y de buenas prácticas.

Las conclusiones de este evento pueden resumirse en los siguiente puntos:

  • La crisis no puede ser una excusa para aplazar o eliminar la incorporación de las personas en riesgo o situación de exclusión social. La salida de la crisis debe ser inclusiva, y no realizarla por fases dejando para el último momento a las personas y colectivos más vulnerables
  • Sólo el trabajo conjunto de las administraciones públicas y las organizaciones sociales permitirá mejorar los resultados de incorporación de las personas excluidas.
  • La incorporación debe incluir los aspectos sociales y laborales
  • Las empresas de inserción no son la única herramienta de incorporación sociolaboral,  pero si es destacable su consolidación y potencialidad.
  • Las empresas de inserción no sólo benefician a los colectivos que encuentran en ellas la puerta de entrada al mercado laboral. También son beneficiosas para la sociedad en su conjunto al reducir las desigualdades y la exclusión y al fomentar la cohesión social. Es decir, existe un beneficio económico y otro social, lo que debe recogerse en las memorias.
  • La economía social prioriza a la persona por encima de los beneficios, pero entre sus objetivos está la producción de beneficios para ampliar su actividad y las personas que se benefician de la misma
  • En los últimos años se ha producido una importante mejora legislativa en el desarrollo de la economía social que debe continuar y que debe ser apoyada por la consolidación presupuestaria en esta materia.
  • Las organizaciones de la economía social deben mejorar la gestión de sus entidades y mejorar el conocimiento del mercado y las reglas de la competencia
  • Debe incrementarse el volumen de alianzas y economías de escala entre empresas del sector de la economía social con el fin de incrementar sus actividades.
  • La economía social está a la vanguardia en la detección de nuevos nichos de actividad económica, y eso es un valor que debe ser tenido en cuenta por las administraciones públicas.
  • La economía social debe articularse con el fin de lograr una voz única y la visibilidad de su tamaño real y de sus potencialidades
  • Las mujeres y las personas inmigrantes son dos de los colectivos que más beneficios pueden obtener de la economía social.
  • Debe incrementarse la inclusión de las llamadas clausulas sociales en los convenios, contratos y licitaciones de las administraciones públicas en todos los ámbitos de la administración.
  • No existen personas inempleables. Lo que existen son programas, recursos, o centros inadecuados, por lo que es necesario fomentar la innovación y la investigación
  • Es necesario desarrollar una campaña de sensibilización para que la sociedad en su conjunto entienda los beneficios de las empresas de inserción y otras herramientas de economía social.

Las ponencias y mesas redondas combinaron los aspectos teóricos y el análisis de buenas practicas. Pero todos los participantes recordaron que en un momento dr crisis, en el que se están perdiendo puestos de trabajo, la economía social sigue crenado empleo. Lo que unido a su labor de inserción en el mercado laboral de personas en situación de exclusión social, realza su importancia.

Más de 60 personas de todo el Estado se congregaron en el Palacio de Longoria, sede de la SGAE, donde se desarrollaron los debates, que se convirtieron en un espacio de reflexión colectiva y de intercambio de experiencias en la creación de empleo en los colectivos en situación o riesgo de exclusión social en la actual coyuntura económica, en la que se ha incrementado el número de personas en situación de vulnerabilidad social y las dificultades de acceso al mercado laboral.

El Palacio Longoria de Madrid, sede de la Sociedad General de Autores de España, fue cedido por esta institución de manera gratuita a UNAD gracias a un convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones.

El Consejo de Ministros (16 de julio de 2010) ha aprobado el proyecto de Ley de Economía Social, que configura un marco jurídico único para un sector que representa el 3 por ciento del PIB y que se sitúa en torno a 1.350.000 empleos. El texto, que ha sido remitido a las Cortes Generales, reconoce como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones más representativas.

Con antelación, el Consejo de Ministros (26 de febrero de 2010) aprobó una serie de medidas económicas para favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza. Dichas medidas se centran, entre otras áreas, en la atención directa al ciudadano en riesgo de exclusión a través de ayuntamientos y ONG, y en el desarrollo del Tercer Sector.

Las jornadas tenían como destinatarios:

  • Los directivos y gerentes responsables de las empresas de inserción y otros recursos de creación de empleo y de economía social.
  • Los directivos, profesionales, voluntarios y usuarios de las organizaciones sin ánimo de lucro que trabajan en temas de exclusión social y en temas de consumos problemáticos de drogas.

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