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En España existe un importante desconocimiento de la ciudadanía acerca del funcionamiento del sistema penitenciario

Existe un importante desconocimiento de la ciudadanía acerca del funcionamiento del sistema penitenciario. No en vano, España es uno de los países de la UE en los que más alta es la desviación entre los delitos cometidos, la percepción subjetiva de inseguridad y la utilización de la prisión, cuando lo cierto es que los problemas no se resuelven ni sólo ni principalmente con la privación de libertad de las personas que delinquen. Pese a los mitos del imaginario colectivo acerca de cuáles son los delitos más frecuentes que se penalizan con el ingreso en prisión, los ilícitos que más reclusos/as arrastran a los centros penitenciarios siguen siendo los relacionados con el tráfico de drogas, los robos y los hurtos. Y es que un elevado número de personas privadas de libertad arrastra un perfil marcado por la exclusión social. Según datos de diversas entidades de derechos humanos, el 32’4% de la población penitenciaria se encontraba en paro antes del ingreso en prisión y en un 35’8% de los casos sus ingresos proceden de la economía sumergida.

Asimismo, en toda Europa, los sistemas penitenciarios están recibiendo una alta proporción de personas con trastorno mental, una de las principales causas de exclusión, junto a las adicciones.

Las causas de este hecho son múltiples y actúan de forma conjunta, con un peso que todavía no está bien estudiado. Sabemos que la falta de un modelo eficaz de atención integral a los problemas de salud mental en la comunidad, la comprobada relación entre enfermedad mental y grupos de exclusión social, la estigmatización o la falta de recursos asistenciales apropiados son, entre otras, algunas de las razones que explican esta prevalencia de enfermedad mental entre los reclusos.

En el momento actual, en el que una mayoría de la sociedad prioriza la seguridad sobre cualquier otra actuación, debemos ser conscientes de que esta actitud puede condenar a un importante número de  personas en exclusión y/o con trastorno mental grave (TMG) a tener un tratamiento en instalaciones no concebidas para ello, con la consiguiente institucionalización de la persona y  aumento de la cronicidad.

Desde el Consejo Social Penitenciario, la plataforma de trabajo conjunto de la Administración Penitenciario y las entidades del Tercer Sector que trabajamos en prisiones, se quiere seguir reflexionando sobre la situación de las personas con trastorno mental en el ámbito penitenciario, la relación entre salud mental y exclusión social y la necesidad de sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre estas cuestiones. Por este motivo, se ha organizado la jornada Prisiones hoy: salud mental y exclusión social, un reto para la sociedad, en un intento de abrir un debate sereno, profundo y fructífero que nos permita encontrar una vía alternativa a la situación presente, en la que las prisiones se convierten en el destino de los colectivos en situación o riesgo de exclusión y/o en recursos asistenciales para personas con enfermedad  mental, algunas de ellas graves y otras que,  por no haber sido detectadas o tratadas a tiempo, cometen delitos y tienen dificultades para recibir una asistencia en condiciones de equidad respecto de sus conciudadanos en libertad.

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