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El Plan Sobre Drogas 2013-2016 homogeneizará en el Estado la normativa para prevenir el consumo de alcohol de jóvenes

El Plan Nacional de Acción sobre Drogas 2013-2016 incluye, como novedades, medidas para anticiparse al blanqueo de capitales de los narcotraficantes y una revisión de la normativa del Estado para hacer efectiva la prevención del consumo de alcohol por parte de los menores y que fije, por ejemplo, una edad mínima común para acceder a las bebidas alcohólicas, entre otras cuestiones

Así lo ha hecho saber el delegado del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco Babín, en una rueda de prensa que ha ofrecido para dar a conocer por primera vez el contenido del nuevo Plan, aprovechando la celebración en Murcia de las 40 jornadas nacionales de la Sociedad Científica Española de Estudios sobre el Alcohol, el Alcoholismo y las otras Toxicomanías (Socidrogalcohol), donde se reúnen los expertos en adicciones.

Entre otras cuestiones, Babín considera preocupante que el 70 por ciento de los menores de edad consuman alcohol habitualmente y, de ellos, al menos la mitad (35 por ciento del total) se haya emborrachado en el último mes.

Los expertos y científicos han considerado que el problema del alcohol necesita un abordaje específico en el que no caben "paños calientes" y, por eso, una de las acciones acordadas en el nuevo Plan de Acción es una revisión de la normativa del Estado para hacer efectiva la prevención del consumo de alcohol por los menores.

Lamenta que, actualmente, en España hay 138 normas distintas en el ámbito de las comunidades autónomas que, en teoría, están orientadas para prevenir y erradicar el consumo de alcohol entre los menores, pero "no hay ninguna normativa básica estatal que establezca el mínimo que todas las autonomías tienen que cumplir".

Como ejemplo, ha explicado que "ni siquiera hay una misma edad de permiso de acceso al alcohol por parte de los menores en las distintas comunidades". Asturias, de hecho, es la comunidad con el límite más bajo, con 16 años, aunque "ha habido un pronunciamiento a favor de homogeneizar esta edad".

La intención es que la normativa básica para todo el Estado, cuyo primer anteproyecto estará listo en breve, "recoja lo que se ha demostrado más válido en las distintas comunidades, pero que tenga en cuenta que prevenir el consumo entre jóvenes no es decirles que no beban porque va a ser muy malo para ellos". A su juicio, la sociedad "tiene que establecer límites".

En concreto, cree que la sociedad "tiene que exigir a los padres que se preocupen de que sus hijos no consuman alcohol". De hecho, compara la tolerancia de los progenitores a este comportamiento con "una forma de maltrato físico".

"Que un hijo por debajo de la edad legal para el acceso al alcohol se emborrache en el hogar familiar en presencia de los padres, teniendo en cuenta los efectos que el alcohol produce sobre la maduración de esas persona, es una forma de maltrato", ha zanjado.

Este adictólogo y delegado del Gobierno Para el Plan Nacional sobre Drogas los dos últimos años, ha estado acompañado por el presidente de Socidrogalcohol, Julio Bobes; el presidente del comité organizador, Aurelio Luna; y el director general de Atención al Ciudadano y Drogodependencias, Juan Manuel Ruiz.

Babín ha explicado que el Plan comprende también seis acciones concretas relacionadas con el control de la oferta, dos de las cuales están relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.

Ha afirmado que hay una serie de mecanismos que no puede detallar "por razones estratégicas", y que "permiten anticiparse a que un cartel no pueda apretar una tecla y cambiar de titularidad los bienes ilícitos cuando se vaya a hacer la intervención sobre la banda de narcotraficantes, cosa que hoy es facilísimo con Internet".

Ha justificado estas medidas porque "si esos bienes están ligados a esas personas y se demuestran que son resultado del narcotráfico, se pueden incautar y pasan a ser propiedad del Estado".

Babín recuerda que estas acciones de prevención del blanqueo de capitales ya se llevaban a cabo en el pasado, pero se han introducido en el nuevo Plan porque "hay una percepción de que se puede hacer mejor y ser más eficientes" para que esos bienes "no queden ocultos o se dispersen". De hecho admite que el blanqueo de capitales "sucede actualmente en alguna medida".

Admite que "puede ocurrir que una persona sea tan ágil y tan hábil que pueda cambiar la titularidad de los bienes ilícitos", pero considera inadmisible que "aquello que ya estaba retenido se pierda por no renovar una inscripción en un registro durante el tiempo que dura una causa o alguna circunstancia similar", algo que también sucede.

Asegura que todos los bienes que los jueces destinan al fondo de bienes decomisados "revierten en las acciones contra la drogadicción, hasta el último euro". Destaca que la recaudación por esta vía se ha incrementado, y en los tres últimos años se ha revertido a la sociedad unos 28 ó 30 millones de euros al año por término medio.

Un 70 por ciento de estos fondos se dedican a actividades de prevención, asistencia y reinserción, mientras que el 30 por ciento sirve para acciones de control de la oferta.

Babín ha recordado que el Plan Nacional sobre Drogas se enmarca en una estrategia nacional sobre drogas que abarca desde 2009 hasta 2016 que fue aprobado por el anterior Gobierno con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, y que reúne a todas las adminsitraciones, a todas las unidades científicas que trabajan en este campo y a todas las ONG que colaboran.

El último plan cuatrienal, que fue aprobado por la Conferencia Sectorial de Drogas el pasado 31 de enero y se ha presentado por primera vez a los profesionales en el marco de estas jornadas, contiene 36 acciones, algunas de las cuales dan continuidad a líneas que ya se han desarrollado con éxito, y otras que "se imponen como novedad ante la nueva realidad".

Las 36 acciones del Plan Nacional sobre Drogas se dividen en seis ejes, uno de coordinación nacional; otro sobre disminución de la demanda, prevención, asistencia y reinserción; otro de control de la oferta, fundamentalmente relacionado con el menudeo de drogas y la distribución a menores en los colegios, pero también con intercambio de inteligencia a nivel internacional para luchar contra los carteles.

Otro eje está orientado a la formación, no sólo de los profesionales, sino también de todos aquellos que en un marco de voluntariado trabajan asimilados dentro del plan para la consecución de sus objetivos; así como un eje para el fomento de la investigación; y un último eje sobre relaciones internacionales.

El plan supone "no menos de 1.000 millones de euros" de inversión dedicados directamente a programas de las administraciones públicas para drogodependencias. Todo ello sin contar todo el gasto relacionado con la atención sanitaria hospitalaria o el coste asociado a los antirretrovirales para el tratamiento de la infección por VIH-SIDA", que supondría multiplicar hasta por diez la cantidad.


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