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UNAD se une al manifiesto de las entidades de Andalucía para la restitución del servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria (SOAJP)

Las organizaciones de Andalucía alertan a la opinión pública sobre la grave situación de las más de 16.200 personas presas en la Comunidad Autónoma sin asistencia letrada desde mayo, del año pasado, a la vez que exigen a la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía que se tomen las medidas necesarias para respetar y garantizar el derecho fundamental a la defensa en el ámbito penitenciario andaluz

Manifiesto:

La Consejería de Justicia e Interior decidió dejar de sufragar el servicio de orientación y asistencia jurídica penitenciaria (SOAJP) en las prisiones bajo la excusa de que el Ministerio de Interior no había renovado el convenio que existía desde 2008 a tres bandas (Consejería, Ministerio y Colegios de Abogados Andaluces). Sin embargo, la Consejería puede respaldar económicamente este servicio público conveniando con los Colegios de Abogados directamente, o incluso sin convenio alguno, tal como vino haciéndolo desde el 2001 al 2008.

16.219 personas presas de los trece centros penitenciarios ordinarios y seis centros de inserción social andaluces están, desde el pasado mayo, abandonadas y mal tratadas por las Administraciones. El servicio prestaba orientación sobre cualquier cuestión de carácter jurídico, garantizando que las personas presa tuvieran el debido acompañamiento. Como contenido más específico se contemplaba la redacción de escritos de petición, recursos y el seguimiento ante los órganos competentes sobre el ordenamiento jurídico en temas como sanidad, trabajo, sanciones, libertad condicional, sanidad en prisión, permisos de salida…

Sus objetivos y funciones se articulaban en torno a dos conceptos fundamentales: el garantismo (en tanto en cuanto velar por el cumplimiento de los derechos de la población reclusa) y la reinserción social (en tanto en cuanto insistir en el desarrollo de las posibilidades recogidas en la legislación penitenciaria para llevar a cabo un real y efectivo tratamiento respecto de las personas condenadas a penas de prisión). Además facilitaba la orientación de cuestiones no penitenciarias como familia, trabajo o cualquier otra, tramitando tras la consulta la designación de un abogado de oficio especializado, garantizando, por tanto, la igualdad de oportunidades respecto a un ciudadano libre, que puede solicitarlo libremente.

Las personas presas que pueblan las prisiones andaluzas provienen en sus ¾ partes de las barriadas más excluidas de las ciudades, la gran mayoría carecen de recursos económicos (son pobres), sobre el 80% son drogodependientes, el 8% padecen enfermedades mentales graves y el 40% trastornos mentales y de personalidad, el 1% son analfabetos y el 10% analfabetos funcionales.

En el año 2011 el SOAJP atendió en Sevilla a 3.311 presos; en Córdoba 1.800; en Cádiz 1.101 presos; en Almería, 591; Málaga 539. Granada, Huelva y Jaén se situaron en cifras similares a esta última. Así pues, más de 9.000 asistencias a personas privadas de libertad han sido suprimidas y cientos de peticiones de asistencia de personas sin alternativa a contratar abogados privados, están pendientes y sin respuesta desde mayo, quedándose sin su única posibilidad de tener acceso a la justicia.

POR ELLO EXIGIMOS A LA CONSEJERÍA DE JUSTICIA E INTERIOR DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA QUE RESTITUYA LOS SOAJP EN ANDALUCÍA Y CONVENIE CON LOS COLEGIOS DE ABOGADOS LA PRESTACIÓN DEL MISMO DE MANERA INMEDIATA.

Resulta imprescindible apostar por políticas que tengan como prioridad las personas y la protección de los sectores más vulnerables de la sociedad.


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