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UNAD se adhiere a la Declaración Viena

La Declaración de Viena es una proclama que busca mejorar la salud y la seguridad de la comunidad, pidiendo la incorporación de evidencia científica en las políticas de drogas ilícitas. El objetivo es llamar la atención de gobiernos y agencias internacionales sobre estos problemas y demostrar que la reforma de la política de drogas es un asunto urgente de significancia internacional. Se trata de la declaración oficial de la XVIII Conferencia Internacional sobre SIDA (SIDA 2010) que se realiza  en Viena, Austria. La declaración fue redactada por un equipo de expertos internacionales, y fue iniciada por varias de las principales entidades científicas del mundo sobre VIH y políticas de drogas: La Sociedad Internacional sobre SIDA, el Centro Internacional de Ciencia en Políticas de Drogas (CICPD), y el Centro de CB para la Excelencia en VIH/SIDA.

La Declaración

La penalización de los consumidores de drogas ilícitas está fomentando la epidemia de VIH con consecuencias sociales y de salud, tremendamente negativas. Se necesita una completa reorientación de la política.

En respuesta a los daños sociales y de salud ocasionados por las drogas ilícitas, se desarrolló, con el auspicio de las Naciones Unidas, un gran régimen internacional de prohibición de drogas.Décadas de investigación proporcionan una extensa evaluación de los impactos de la “Guerra contra las drogas” global; y mientras miles de individuos se reúnen en Viena en la XVIII Conferencia Internacional sobre SIDA, la comunidad científica internacional pide un reconocimiento de las limitaciones y perjuicios de la prohibición de drogas, y una reforma de la política de drogas para retirar barreras hacia una efectiva prevención de VIH, tratamiento y cuidados.

La prueba de que la aplicación de la ley fracasó en evitar la disponibilidad de drogas ilegales, en comunidades donde hay demanda, es ahora inequívoca.Durante las últimas décadas, sistemas de vigilancia de drogas, nacionales e internacionales, han demostrado un modelo general de baja del precio de la droga, y aumento de su pureza –a pesar de masivas inversiones en la aplicación de leyes antidrogas.

Más aún, no hay evidencia que mayor fiereza en la aplicación de la ley reduzca significativamente la prevalencia en el uso de drogas.Los datos también demuestran claramente que está creciendo el número de países donde se inyectan drogas ilegales; siendo las mujeres y los niños cada vez más afectados. Fuera del África Subsahariana, la inyección de drogas representa aproximadamente uno en tres nuevos casos de VIH. En algunas áreas donde el VIH se está extendiendo más rápidamente, tales como Europa Oriental y Asia Central, el predominio de VIH puede llegar hasta un 70% entre personas que se inyectan drogas, y en otras áreas más de 80% de todos los casos de VIH están dentro de este grupo.

Vista la abrumadora evidencia de que la aplicación de la ley antidrogas no ha logrado alcanzar los objetivos indicados, es importante que se admitan y se encaren sus consecuencias nocivas. Estas consecuencias incluyen, pero no se limitan a:

  • Epidemias de VIH estimuladas por la penalización de quienes usan drogas ilícitas, y por las prohibiciones de proveer agujas esterilizadas y tratamientos con sustitución de opioides.
  • Brotes de VIH entre consumidores encarcelados e institucionalizados, como resultado de las políticas y leyes punitivas y la falta de servicios de prevención de VIH en estos ambientes.
  • La socavación de los sistemas de salud públicos cuando la aplicación de la ley aleja a los consumidores de los servicios asistenciales y de prevención y los empuja a ambientes donde aumenta el riesgo de transmisión de enfermedades infecciosas (por ej. VIH, hepatitis C y B, y tuberculosis) y otros estragos.
  • Crisis en el sistema penal, por porcentajes de encarcelación sin precedentes, en un número de naciones.Esto ha afectado negativamente el funcionamiento social de comunidades enteras. Aunque la disparidad racial, en porcentajes de encarcelación por delitos de drogas, es evidente en muchos países del mundo, el impacto ha sido particularmente severo en Estados Unidos, donde aproximadamente uno de cada nueve hombres afroamericanos entre 20 y 34 años de edad van a la cárcel un día cualquiera; principalmente por la aplicación de la ley antidrogas.
  • Estigmatización de las personas que usan drogas ilícitas, lo que refuerza la popularidad política de penalizar a los consumidores de drogas y socava la prevención de VIH y otros esfuerzos de promoción de salud.
  • Severa violación de derechos humanos, incluyendo tortura, trabajo forzado, tratamiento degradante e inhumano y ejecución de delincuentes de drogas en un número de países.
  • Un mercado ilícito masivo, con un valor anual estimado en 320.000 millones de dólares estadounidenses. Este lucro sigue completamente fuera del control del gobierno. Fomenta el crimen, la violencia y la corrupción en incontables comunidades urbanas y ha desestabilizado países enteros como Colombia, México y Afganistán.
  • Miles de millones de dólares de los contribuyentes malgastados en la estrategia “Guerra contra las Drogas”, en un intento de controlar la droga que, no solo no logra los objetivos indicados, sino que directa o indirectamente contribuye a los estragos arriba mencionados.

Lamentablemente, este evidente fracaso de la prohibición de drogas en lograr sus objetivos indicados, así como las severas consecuencias negativas de estas políticas, son frecuentemente rechazadas por aquellos que tienen intereses creados en mantener el status quo. Esto produce confusión entre el público y ha costado incontables vidas. Los gobiernos y las organizaciones internacionales tienen la obligación moral y legal de reaccionar frente a esta crisis, y deben intentar promulgar estrategias alternativas, basadas en evidencias, que reduzcan de manera efectiva los estragos de las drogas sin crear perjuicios propios. Nosotros, los abajo firmantes, apelamos a los gobiernos y organizaciones internacionales, incluyendo las Naciones Unidas, para que:

  • Emprendan una revisión transparente de la efectividad de las actuales políticas de drogas.
  • Implementen y evalúen un enfoque empírico de salud pública, que encare los estragos individuales y de la comunidad provenientes del uso de drogas ilícitas.
  • Despenalicen a los consumidores de drogas, aumenten progresivamente las opciones de tratamientos de dependencia, basados en pruebas, y supriman los centros de tratamientos obligatorios, ineficaces, que violan la Declaración Universal de Derechos Humanos.
  • Que categóricamente apoyen y amplíen los fondos para la implementación de un paquete exhaustivo de intervenciones VIH enunciadas en la Guía de Objetivos de OMS, ONUDD y ONUSIDA.
  • Involucren, de manera significativa, a la comunidad afectada, en el desarrollo, monitoreo e implementación de servicios y políticas que impactan sus vidas.

También apelamos al Secretario General de las Naciones Unidas, Sr. Ban Ki-moon, para que con urgencia implemente medidas que aseguren que el sistema de las Naciones Unidas –incluyendo la Junta Internacional de Control de Narcóticos- hablen con una sola voz en apoyo de la despenalización de los consumidores de drogas y la implementación de estrategias, basadas en pruebas, para controlar la droga.

El fundamentar las políticas de drogas en evidencias científicas no eliminará el consumo de drogas o los problemas derivados de la inyección de drogas. Sin embargo, la reorientación de políticas de drogas hacia estrategias basadas en pruebas, que respeten, protejan y cumplan con los derechos humanos, tiene la potencialidad de reducir los estragos de las actuales políticas y permitiría redirigir vastos recursos financieros hacia donde son más necesitados: implementar y evaluar la prevención basada en pruebas, reglamentación y programas de tratamiento y reducción de daños.

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