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Los narcotraficantes tendrán que prestar servicios sociales para acceder a la condicional

Los narcotraficantes clasificados en el Fichero de Internos de Especial Seguimiento (Fies) que cumplen penas superiores a los 15 años de prisión prestarán, como Laureano Oubiña, servicios sociales como condición para obtener el tercer grado penitenciario, una vez que hayan cumplido las tres cuartas partes de la condena.

Según publica el diario El País, la medida afecta a los considerados jefes del narcotráfico que ocupaban puestos de máxima jerarquía dentro de grupos de crimen organizado, y se aplicó por primera vez a Oubiña en un auto innovador y sin precedentes por el que el juez central de Vigilancia Penitenciaria le concedió la libertad condicional en diciembre pasado.

Aunque la prestación de servicios humanitarios a drogodependientes ya se había aplicado a otros presos por delitos contra la salud pública pero de menor trascendencia, el dictamen del juez José Luis Castro se hizo extensivo, por primera vez, a personajes históricos del narcotráfico, como fue el caso de Oubiña, para concienciarles del perjuicio causado a la sociedad y reparar el daño.

José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, aparece en el siguiente lugar de una larga lista que se ha ido completando los últimos años. Prado Bugallo ya obtuvo los permisos previos a la obtención del tercer grado penitenciario y su segunda condena de 16 años y 10 meses no se extinguirá hasta 1018. Fuera de todo pronóstico, el famoso narcotraficante logró primero convencer a las autoridades de la prisión y luego a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para preparar su libertad condicional.

Josefa Charlín, la primogénita de Manuel Charlín Gama, también se encuentra en la lista de espera de los Fies. Condenada por narcotráfico y blanqueo de dinero a penas que suman 33 años de cárcel, la considerada cerebro del extenso clan familiar ya ha conseguido su primer permiso en vísperas de las pasadas navidades.

Otro de los afamados personajes por su implicación en el tráfico de drogas es Alfredo Cordero, exmiembro destacado del clan de Los Charlines, cuya condena de 20 años no se extinguirá hasta 2020. Su compañero de batallas Francisco Javier Martínez Sanmillán ingresó en prisión en 2006 para cumplir varias sentencias acumuladas que superan los 50 años de cárcel después de protagonizar la fuga más larga en la historia del narcotráfico en Galicia.

Con el mismo perfil, Marcial Dorado, el histórico contrabandista de tabaco, también es un candidato a desempeñar trabajos sociales. Aunque está condenado a 10 años de prisión por la que fue su primera sentencia por tráfico de drogas, Dorado Baúlde tiene pendiente un juicio por blanqueo de dinero, uno de los más sonados por el montante económico y patrimonial intervenido que se extiende a varios paraísos fiscales.

En sus razonamientos jurídicos, el juez José Luis Castro tiene claro que “la ejecución de las penas tiene que estar orientada a la reinserción y reeducación de los condenados como parte del tratamiento penitenciario”. Para ello se destinará al preso al centro más adecuado y en su clasificación de tercer grado se deberá tener en cuenta su historial individual, delictivo, social y familiar, también el medio al que retornará y su futuro laboral, cuestiones todas ellas que tendrán que ser evaluadas por los servicios sociales de los centros penitenciarios.

José Luis Castro considera que la progresión al tercer grado, cuando el preso sale por la mañana de la prisión y regresa a dormir, disfrutando de fines de semana alternos en libertad, no deja de ser una serie de “mecanismos normales de control de la marcha del interno, lo que obviamente no debe de hacerse si no es con una cierta garantía de éxito en el uso de ese margen de confianza y una perspectiva razonable de no utilización indebida del mismo, tanto en la comisión de nuevos delitos como en el quebrantamiento de la condena”.

Valorando cada caso, el juez cree que “el reconocimiento del daño causado a la sociedad y el arrepentimiento es un importante paso pero necesita de otras actuaciones que permitan constatar de hecho la reparación del daño y que la sociedad pueda percibirlo, porque en los delitos contra la salud pública no hay víctimas concretas y el penado debe asumir los perjuicios de su acción”.

Castro incide en el aspecto resocializador de la condena, lo que obliga a imponer reglas de conducta que serán establecidas por la junta de tratamiento de cada prisión para que obligue al interno a acudir a una organización de asistencia a personas desfavorecidas o con un problema de drogodependencia, según el caso.

“Ello supone asumir el valor del pleno respeto a los derechos humanos de los demás (víctima, familia y sociedad), siendo la salud circunstancial a la propia realidad del hombre, máxime cuando la droga en general ha producido muerte o trastornos a los consumidores y enormes perjuicios morales y económicos a las familias que les apoyan en la voluntad de abandonar el consumo”.

Laureano Oubiña está a punto de que su clasificación de tercer grado se haga efectiva y a solo cinco meses de ser libre definitivamente por resolución del Tribunal Supremo. Su abogado Enrique Trebolle ha lamentado que se tardara tanto en dar cumplimiento al auto del juez de Vigilancia Penitenciaria que dictó el 27 de diciembre pasado. El famoso narcotraficante de hachís probablemente cumplirá el tercer grado en un establecimiento penitenciario de Madrid después de descartarse su traslado a Galicia para saldar con la justicia el tiempo que le queda como penado. Por el momento no ha trascendido cuál será su futura vida profesional.

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