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La lucha contra la pobreza y la desigualdad debe situarse en el centro de la agenda política

España es el segundo país más desigual de la Unión Europea.

En el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, no podemos dejar de recordar a los casi 14 millones de personas que viven en riesgo de pobreza o exclusión social en España (29,2 % de la población). La crisis económica no ha hecho más que aumentar los niveles de pobreza, hasta situarlos en la cifra más alta desde que se calcula. El incremento de las tasas de privación material severa y de los hogares con bajos ingresos es un claro exponente de la precarización social y del deterioro de las condiciones de vida de una gran parte de la población. 

Nuestro país ocupa el 2º puesto de la UE en pobreza infantil (la población más vulnerable), mientras el número de personas millonarias aumentó en los últimos dos años un 13%. Somos el segundo país más desigual de Europa. Esta es una de las principales consecuencias de la crisis: el aumento inadmisible de la desigualdad en España. 

Este aumento en la diferencia de ingresos entre el sector más rico y el más pobre de la sociedad está lastrando inevitablemente la lucha contra la pobreza y la exclusión social. No lo podemos permitir. Necesitamos medidas que, además de contribuir al desarrollo económico, reduzcan esta herida que desangra la cohesión y la justicia social. Necesitamos una política de rentas mínimas y empleo digno que permita a las personas más vulnerables emprender el camino hacia su inclusión social. Ahora que las Naciones Unidas acaban de aprobar los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el momento de respaldar políticamente, y a todos los niveles, la construcción de una sociedad más justa y cohesionada, en la que la defensa de los derechos humanos y sociales ocupe el centro de la agenda política y sea la punta de lanza del desarrollo global. La actual crisis migratoria y de refugiados en la Unión Europea es un ejemplo más de las consecuencias que tienen el aumento de la desigualdad y los conflictos bélicos en el mundo

En este sentido, la negociación de los tratados transatlánticos de libre comercio con Estados Unidos y Cánada (TTIP – CETA) está situando los intereses de los mercados por encima de los de las personas

Este modelo de desarrollo ya ha demostrado tener nefastas consecuencias en otras regiones del planeta, donde han aumentado los niveles de pobreza, de desigualdad y se vulneran impunemente  los derechos humanos, además de favorecer la destrucción del medio ambiente. Sólo mediante políticas internacionales responsables con el planeta y sus gentes se puede avanzar en la cohesión  y la justicia social a nivel global. 

Por todo ello, y ante las próximas elecciones generales al Gobierno de España, exigimos a los candidatos y candidatas medidas concretas para afrontar la situación de emergencia social en la que viven casi 14 millones de personas, desde ahora y hasta 2020: 

META 1

Reducir, al menos, en un 15% del total, el número de personas que actualmente se encuentran en situación de riesgo de pobreza y exclusión (AROPE) en el territorio de España. 

A fin de cumplir con el objetivo anterior, se proponen las siguientes medidas: 

1)      Aumentar el salario mínimo en, al menos, un 15% a lo largo de la legislatura. 

2)      Poner en marcha un sistema de rentas mínimas garantizadas dependiente de la Seguridad Social, para atender prioritariamente a las más de 740.000 familias que carecen de cualquier ingreso. 

3)      Aumentar la tasa de ocupación en, al menos, un 10%, con objetivos más ambiciosos para personas mayores de 45 años en paro de larga duración, jóvenes en paro y personas con mayor desventaja social. 

4)      Reducir la brecha salarial de género (entre hombres y mujeres) del 18% actual al 5% mediante potentes controles contra la discriminación. 

META 2

Reducir la tasa de riesgo de pobreza y exclusión infantil hasta el 15%, previniendo el desempleo juvenil y la baja cualificación, lo cual implica reducir el abandono prematuro de los estudios al finalizar la edad escolar obligatoria del 21,9% actual al 10%. 

Además de las medidas propuestas para mejorar la situación familiar, para alcanzar esta meta proponemos: 

1)      Establecer un sistema de prestaciones por hijo/a a cargo, con cargo a la Seguridad Social, dirigido a familias con hijos e hijas menores de edad que se encuentren en riesgo de pobreza y exclusión (AROPE). 

2)      Mejorar el sistema de garantía juvenil y ampliar los recursos formativos adaptados, para dar especial cabida a las personas jóvenes en entornos sociales vulnerables.

Ha llegado la hora de reivindicar una vez más, y con más fuerza que nunca, un cambio que sitúe a las personas más vulnerables en el centro de la agenda política, y así contribuir a la construcción de una sociedad libre de pobreza y exclusión en España y en el mundo. 

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