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Artículo de opinión: "Ejecución penal, un diálogo imprescindible"

Por Sonia Fuertes.

Diálogo, a través del logos, nos remite al necesario intercambio de la palabra en el abordaje de un tema que de alguna manera se problematiza para definir claramente su objeto y, de manera crítica, ofrecer una visión diferente, una mirada nueva. Una respuesta que obtura el diálogo es la negación del tema; las posiciones excesivamente carentes de racionalidad nos conducen al inmovilismo. En palabras de Cicerón, “la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio”.

Por lo tanto, en cualquier propuesta de cambio se tienen que abrir espacios para el diálogo, espacios que actúen como catalizadores y orienten el proceso. En acción social hacer visible aquello invisible nos proyecta hacia nuevos escenarios. En el ámbito de la ejecución penal este ha sido un objetivo claro: definir los temas y debatir. Con su complejidad. Con la sensibilidad necesaria.

El pasado mes de marzo el Departamento de Justicia de la Generalitat de Cataluña anunció un incremento presupuestario del 26,82% para las entidades que trabajan en el ámbito de la ejecución penal en esta comunidad. El texto del comunicado destacaba que “esta cantidad se añade a los más de 3 millones de euros que destina la Generalitat a las entidades colaboradoras en este ámbito, por la vía de los programas y la contratación a través de procesos de licitación pública, en el caso de servicios y programas ya consolidados. Y supone un incremento de 891.569 euros respecto al año anterior, un 26,82 % más”.

Evidentemente, un análisis riguroso de los presupuestos comportaría una mirada más allá del que se asigna a este departamento, que se tendría que poner en relación a las partidas que se destinan al resto (desde salud y educación hasta agricultura, por ejemplo). Este análisis, necesario y muy interesante desde la perspectiva de las políticas sociales, comportaría tener claras las prioridades y poder establecer la trazabilidad de este dinero evaluando también su impacto. Probablemente, en una primera aproximación nos parecería que la rehabilitación de las personas reclusas requiere de más esfuerzos y a menudo de más recursos.

Ahora bien, esta noticia se tiene que leer en relación a otras cuestiones que han sido objeto de debate en los últimos años y que denotan un cambio que entendemos necesario desde la perspectiva de la inserción.

En primer lugar, un hecho destacable es que hablamos mucho más del ámbito de la ejecución penal y que lo hacemos con cierta periodicidad. Jornadas, cursos de formación y también noticias. Un repaso a las principales actividades del año del 2016 y del año en curso en Cataluña así nos lo demuestran.

Empezamos en enero de 2016 con una jornada organizada por ECAS en colaboración con “la Caixa” y el Departamento de Justicia, 'Sociedad relacional y ejecución penal’[i].  Profundizábamos entonces en el concepto de dejación, el rol de la comunidad y la necesidad de innovar y atreverse a repensar nuestras prácticas.

Desde entonces hasta ahora, hemos hablado del cierre de la Modelo y del apertura de un nuevo centro abierto en Tarragona; de la utilización de videoconferencias (para las comunicaciones con los abogados, por ejemplo); de la colaboración interdepartamental; del objetivo de reducción de la espera para cumplir una medida penal alternativa; y de la revisión de los Departamentos Especiales de régimen cerrado, entre otros cuestiones. A nivel metodológico hemos abierto espacios de trabajo para redefinir la participación de todos los estamentos, especialmente de las entidades del tercer sector y también de las personas reclusas. En un año y medio hemos profundizado en cuestiones que llevamos tiempo trabajando y hemos añadido otras nuevas.

Podríamos decir que hemos conseguido, pues, hacer visibles algunos de los interrogantes que nos acompañan en este ámbito, y esto ya es un hito importante. Es condición necesaria, pero no suficiente, para avanzar. Ciertamente son temas de naturaleza compleja en los cuales inciden multiplicidad de factores, y en todos ellos encontramos posiciones diversas, a veces divergentes. No obstante, ahora es importante destacar el valor del debate.

Y es un debate que incluye análisis para aportar conclusiones y propuestas, definiendo actuaciones que impulsen todavía más el cambio. En este sentido, la utilización de medidas alternativas como opción prioritaria a la privación de libertad y al cierre, la introducción progresiva de tecnologías, la combinación de espacios de autonomía con espacios lúdicos, formativos y terapéuticos, y las unidades funcionales no masificadas nos tienen que ayudar en el camino que queremos.

El acompañamiento a la inserción tiene que ser promovido y favorecido más allá de la propia administración, tiene que ser entendido como una responsabilidad compartida. Tenemos que poder transmitir la necesidad de una justicia más restauradora que punitiva, situando la inserción –y no el castigo— como finalidad de las acciones.

Y aquí no se trata sólo del medio abierto. Porque este itinerario no se inicia en el momento que la persona sale de la prisión, sino que empieza mucho antes. En cuanto al ámbito que nos ocupa, en el momento de la condena. En la relación con las diversas instancias y profesionales, en cada etapa.

En cuanto a la comunidad, nos tendríamos que interrogar en cada uno de los casos para situar la responsabilidad individual identificando también la colectiva. Sólo desde esta posición podremos introducir las mejoras necesarias para un cambio de modelo. 

Sonia Fuertes

Subdirectora Área Inserción Social, reducción de daño en drogodependencias de la Fundación Salud y Comunidad. Experta en adicciones y acción social. Vicepresidenta de la taula de Entidades del Tercer Sector Social, de la Federación de Entidades Catalanas de acción Social (ECAS) i de la Red de Mujeres Directivas y profesionales de la acción Social .


[i]   http://acciosocial.org/que-fem/jornades-i-sessions-de-treball/jornada-internacional-societat-relacional-i-execucio-penal/jornada-internacional-sociedad-relacional-y-ejecucion-penal/

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