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La Ley de Seguridad Ciudadana y el nuevo código penal perjudican a las personas con problemas de adicciones

La red UNAD quiere advertir que la Ley de Seguridad Ciudadana desincentiva el tratamiento para superar las adicciones, mientras que la reforma del Código Penal aumenta la represión contra las personas drogodependientes;   es lo que se deduce de la consulta a especialistas en derecho penal y penitenciario así como a profesionales ligados a los servicios de tratamiento. En conjunto consideran que ambas normas ignoran las necesidades y perjudican a las personas con problemas de adicciones.  

Los cambios derivados de la  entrada en vigor de la Reforma del código penal y la Ley de Seguridad Ciudadana generan un creciente rechazo en las organizaciones que atienden las adicciones.  El descontento se pone de manifiesto en la última encuesta realizada por UNAD entre sus entidades, éstas consideran que el endurecimiento de las medidas judiciales está criminalizando a las personas consumidoras de drogas, agudizan la exclusión, dificultan los procesos terapéuticos, impiden la incorporación en la sociedad y empeoran la precaria situación económica de muchas de estas personas. “Nunca un problema social y de salud debería abordarse desde el código penal”, advierten. 

Más de sesenta entidades sociales y un grupo de diez expertos jurídicos han analizado ambas normativas y su impacto entre la población atendida, en una encuesta realizada por la red UNAD en 2016. El resultado es que que la reforma penal supone un retroceso desde el punto de vista de la resocialización. 

El informe muestra la preocupación del sector por el aumento de la duración de las penas privativas de libertad que afectan a la pequeña delincuencia así como la desaparición de las faltas y su transformación en delitos leves.  Algunos especialistas en derecho advierten que la nueva regulación de la suspensión y la sustitución de la ejecución de penas privativas de libertad “puede conllevar discriminaciones en la práctica para las personas con menos recursos o que están más deterioradas”. 

Por otro lado, también se hace hincapié en que la “ley de Seguridad Ciudadana desincentiva el tratamiento para superar las adicciones”, una valoración que comparten más del 70% de las entidades que han completado el cuestionario y la totalidad del grupo de juristas. 

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