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Centros chinos de detención para personas que usan drogas ofrecen tortura en lugar de tratamiento

Cientos de miles de personas identificadas como individuos que usan drogas en China y todo el Sudeste Asiático están internadas sin el debido proceso en centros en los que pueden ser sometidas a formas de tortura y violencia física y sexual denominadas “tratamiento”, Human Rights Watch señaló en un documento informativo publicado hoy. Los donantes internacionales y los organismos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) han apoyado y financiado centros de detención para personas que usan drogas que niegan sistemáticamente a los internos el derecho a un tratamiento eficaz para el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y la dependencia a las drogas, y han ignorado el trabajo forzoso y el maltrato

El documento de 23 páginas, “Torture in the Name of Treatment: Human Rights Abuses in Vietnam, China, Cambodia, and Lao PDR” (“Tortura denominada tratamiento: Abusos contra los derechos humanos en Vietnam, China, Camboya y la República Democrática Popular Lao”), resume la investigación con personas que estuvieron detenidas en Vietnam, China, Camboya y la República Democrática Popular Lao. Más de 350,000 personas identificadas como individuos que usan drogas están detenidas para ofrecerles “tratamiento” en estos países durante períodos de hasta cinco años. En muchos centros, las personas que usan drogas están internadas junto con personas sin hogar, con discapacidad psicológica y niños de la calle, y son obligadas a realizar ejercicios militares, repetir consignas y realizar trabajos “terapéuticos”.

“Existen métodos demostrados de abordar la dependencia a las drogas que son compatibles con los derechos humanos, pero las palizas, el trabajo forzoso y la humillación no forman parte de ellos”, señaló Joe Amon, director de la División de Salud y Derechos Humanos de Human Rights Watch. “Es necesario cerrar estos centros y en su lugar ofrecer un tratamiento voluntario y eficaz contra la adicción a las drogas”.

Los internos en centros de detención para personas que usan drogas de los cuatro países están normalmente internados contra su voluntad. Son arrestados por la policía, o ingresados “voluntariamente” por las autoridades locales o sus familiares, que se doblegan ante la presión social para que su pueblo esté “libre de drogas”. Una vez dentro, ya no pueden salir. No se realiza una evaluación clínica de la dependencia a las drogas, lo que hace que se detenga a personas que usan ocasionalmente drogas y otras de las que simplemente se sospecha.

Los organismos internacionales sobre la salud y el control de las drogas, como la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, el Programa Conjunto de la ONU para el VIH/Sida y la Organización Mundial de la Salud, recomiendan servicios integrales y comunitarios para la reducción del daño, como el tratamiento para la dependencia a las drogas basado en evidencias y el acceso a jeringuillas esterilizadas, como elementos esenciales para proteger la salud y los derechos humanos de quienes usan drogas. Los centros de detención que albergan a personas que usan drogas durante largos períodos sin ofrecer un tratamiento basado en evidencias violan estas normas y, en general, se consideran ineficaces. Las investigaciones en China y Vietnam han observado altos niveles de recaída entre los internos en centros de detención para personas que usan drogas, así como un aumento del riesgo de contagio del VIH debido al internamiento.

Dependiendo del país, lo que se denomina tratamiento consiste en un régimen de ejercicios militares, trabajo forzoso, reeducación psicológica y moral, encadenamiento, azotamientos y golpizas. Human Rights Watch documentó el trabajo forzoso en centros de detención de China, Vietnam y Camboya, aunque las características y el alcance del trabajo forzoso varió entre los países y dentro de ellos.

En Vietnam, se prescribe por ley la terapia laboral para quienes usan drogas, y los centros de detención para el tratamiento de estas personas no son más que campos de trabajo forzoso en los que decenas de miles de internos trabajan seis días a la semana procesando anacardos, cosiendo prendas o fabricando otros productos. La negativa a trabajar, o la violación de las reglas del centro, acarrea un castigo que a veces equivale a tortura. Quynh Luu, un antiguo interno al que capturaron cuando intentaba escaparse de otro centro, describió su castigo: “Primero me golpearon en las piernas para que no pudiera salir corriendo otra vez... [Después] me electrocutaron con un bastón eléctrico [y] me mantuvieron en la sala de castigo durante un mes”.

El acceso al tratamiento para la dependencia a las drogas dentro de los centros se limitaba a un pequeño subgrupo de la población del centro, que también tenían que cumplir un régimen rígido y punitivo de trabajo forzoso, o no existía. Huong Son, que estuvo interno durante cuatro años en un centro de detención para personas que usan drogas de Vietnam, dijo: “Allí no había tratamiento para la enfermedad de la adicción. Más o menos una vez al mes hacíamos una marcha de dos horas repitiendo consignas”.

Human Rights Watch también halló pruebas de había niños recluidos en centros de detención para personas que usan drogas en Camboya, Vietnam y la República Democrática Popular Lao, y que eran sometidos a los mismos “tratamientos”, como trabajo forzoso, ejercicios militares y abusos físicos y sexuales.

“Los centros de detención para personas que usan drogas ponen en peligro la salud y los derechos humanos de los internos”, dijo Amon. “Son ineficaces, abusivos y recluyen a personas violando el derecho internacional”.

Las pruebas obligatorias de VIH eran normales en los centros de tratamiento para usuarios de drogas de China, pero los resultados de las pruebas no siempre se comunicaban a los pacientes. Un antiguo detenido en la provincia de Guangxi, China, dijo: “Me hicieron pruebas de VIH dos veces en el centro de desintoxicación, pero nunca me dijeron el resultado. Cuando salí estaba tan enfermo que fui a una clínica. Tenía miedo de que me arrestaran, pero tengo un hijo y no quería morir. Me hicieron pruebas y me dijeron que tenía sida”. En los centros de tratamiento se practica el sexo sin protección y se consumen drogas de manera insegura, pero no se dispone de condones ni de equipo seguro para inyectarse drogas.

En marzo de 2012, una docena de organismos de las Naciones Unidas, como la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito, la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) y ONUSIDA, emitieron una declaración conjunta en la que pedían el cierre de los centros de detención de para personas que usan drogas y la puesta en libertad de aquellas detenidas “sin dilación”. Sin embargo, los donantes internacionales continúan suministrando financiamiento y otra asistencia a muchos centros, a pesar de las consecuencias para los derechos humanos. Por ejemplo, en junio, el Gobierno de Estados Unidos se comprometió a contribuir US$400,000 para apoyar a la Comisión Nacional Lao de Control y Supervisión de Drogas, con el fin de “modernizar” las instalaciones de un centro de detención que había sido objeto de un informe de Human Rights Watch. La investigación en los centros de detención –como un estudio publicado recientemente financiado en parte por el National Institute on Drug Abuse (NIDA) de Estados Unidos sobre dos centros de detención para personas que usan drogas en China– no reconoce a menudo el contexto legal de los internos ni las condiciones a las que se enfrentan dentro de los centros.

“Los donantes deberían reconocer que no pueden reclamar de manera creíble la puesta en libertad inmediata de todos los individuos detenidos en centros de detención para personas que usan drogas, a la vez que continúan realizando investigaciones y ofreciendo apoyo y asistencia como si fueran centros legítimos de tratamiento”, dijo Amon. “En estos centros se recluye ilegalmente, se maltrata y se niega la atención a los internos”.

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