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La red pública de atención a drogodependientes, en el aire

Según publica El País: El nuevo modelo de atención y prevención de drogodependencias que ha diseñado la Generalitat no ha arrancado con buen pie. No solo se reducirá en un 30% el número de plazas, sino que buena parte de las pequeñas entidades sin ánimo de lucro que prestaban este servicio durante los últimos años se verán desplazadas. La ley de contratos del sector público de 2007 obliga a extinguir la fórmula de subvenciones y conciertos que, hasta el momento, servía para financiar estos recursos, y sustituirla por una licitación por lotes (comunidades terapéuticas, viviendas de apoyo al tratamiento, centros de día, viviendas de apoyo a la incorporación laboral).


El 21 de diciembre, la Consejería de Sanidad licitó, mediante tramitación urgente, la contratación de centros de drogodependencias por un valor total de 10.151.628 euros. Los lotes diseñados son muy amplios y se exige una garantía del 5% del importe de licitación (puede alcanzar los 260.000 euros). Ello ha supuesto un grave impedimento a las pequeñas entidades sin ánimo de lucro que tradicionalmente se han ocupado de gestionar estas actividades. “Es una forma de abrir las puertas a las grandes entidades”, comenta Antonio Femenía, responsable de servicios sociales de UGT.

Para sorpresa de usuarios, trabajadores y sindicatos, la orden de licitación reduce en un 30% las plazas existentes a pesar de contar con el mismo presupuesto global que en el modelo anterior. “Esto supondrá el cierre del 30% de los recursos de atención a personas con drogodependencias y trastornos adictivos y el despido de un tercio de los trabajadores que prestan actualmente este servicio”, según apunta Antonio Femenía. El nuevo modelo engrosará las listas de espera para lograr plaza.

Con la licitación, Sanidad oferta 710 plazas en centro de día, frente a las 1.140 que había hasta ahora (430 menos). En las comunidades terapéuticas se han licitado 130 plazas, 30 menos de las que se subvencionaban hasta el momento. “Todo ello supondrá que cuando se adjudiquen los nuevos contratos Sanidad tenga que expulsar de las comunidades terapéuticas a 30 personas con trastornos adictivos que actualmente residen y son atendidas en estos centros y a más de 400 usuarios de los centros de día concertados o subvencionados, que engrosarán las listas de espera para los centros”, indica Antonio Femenía.

Recientemente tuvo lugar la apertura de las plicas de las ofertas, y el resultado ha supuesto un nuevo golpe al modelo. Dos de los lotes han quedado desiertos. Y se trata de recursos importantes: el de centros terapéuticos de toda la Comunidad Valenciana y el de los centros de día de Valencia. “Es un desastre sobre otro desastre”, comenta Femenía.

Además del recorte de recursos del 30%, las personas atendidas aún podrían ser menos debido a los dos lotes que han quedado desiertos. “Se han presentado empresas, pero no cumplen los requisitos que plantea la Generalitat en sus condiciones”, apunta el sindicalista de UGT. “Si yendo las cosas bien habría un 30% menos de plazas, al quedar lotes libres habrá aún menos, por lo que es un desastre”. Femenía añade que el nuevo modelo debería estar funcionando ya a partir de este año, lo que aún complica más las cosas, porque se está retrasando la entrada de las nuevas empresas mientras que las anteriores siguen prestando atención sin la cobertura anterior de sus subvenciones o conciertos, que concluyeron el 31 de diciembre.

UGT recuerda que más de 7.000 personas son atendidas en los programas de mantenimiento con metadona y 14.000 pacientes pasan por las Unidades de Conductas Adictivas.

Fuentes de la Consejería de Sanidad señalan que las entidades que siguen prestando el servicio hasta que tomen posesión las nuevas serán compensadas “según los servicios prestados”. Respecto a los lotes desiertos, las mismas fuentes señalan: “Habrá que esperar a que finalice el procedimiento abierto y entonces se buscarán vías distintas para adjudicarlos. Pero habrá que esperar a que finalice todo el proceso”, añaden. Además, la consejería admite que se han reducido las plazas “porque la nueva ley exige nuevos requisitos formales por lo que para mantener una plaza es necesario más presupuesto que antes”.

 

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