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Uruguay debate ampliar el libre consumo de droga

La campaña electoral uruguaya amaga con discutir propuestas de despenalización de drogas. Amaga. Algunos discursos políticos alimentan expectativas sobre la legalización de la marihuana o sustancias similares, pero con poca convicción o en boca de algún candidato sin chances de ser presidente

Uruguay tiene una legislación que no cambia desde 1974, pero que es considerada moderna en la región. El consumo personal de droga no está penalizado, y si bien nadie va preso por fumar marihuana en una plaza del centro o en la rambla de esta capital, al aire libre, la suerte de esa persona puede depender de la interpretación que realice un juez sobre cantidades en posesión y capacidad de uso de la sustancia de que se trate.

Desde hace un tiempo, la máxima preocupación de la sociedad y de los políticos en cuanto al consumo de estupefacientes está centrada en el paco, debido al fenómeno de aquellos consumidores que se dedican al robo o a la rapiña (arrebato llevado a cabo con violencia sobre las personas y las cosas) con el objetivo de comprar más dosis para seguir drogándose.

Según el último relevamiento realizado por el gobierno sobre consumo de drogas, en 2006, la marihuana es la de mayor penetración: el 12,2% de la población la consumió al menos en alguna ocasión Y de cada diez personas que alguna vez la usaron cuatro siguieron haciéndolo.

La legislación uruguaya exime de pena a quien tenga en su poder "sustancias capaces de producir dependencia psíquica o física" destinadas al consumo personal, pero considera delito, y condena con prisión, la producción y comercialización.

El paso más largo pareció ser el que dio a fines de 2005 el presidente Jorge Batlle, cuando dijo que había que considerar una apertura legislativa. Analizó, con su lógica libremercadista: "Mientras la droga tenga un valor comercial tan imponente, que de un precio mínimo que le pagan al productor se transforme al final en algo tan rentable, será un negocio tan bueno que se repetirá todos los años".

Y propuso: "Al mismo tiempo, liberalización y educación". Le salieron al cruce con la advertencia de que si Uruguay avanzaba en ese sentido corría el riesgo de atraer el "narcoturismo". Su idea quedó en nada.

Pero el tema siguió presente Cada tanto, jóvenes se reúnen a fumar un porro en la zona de Punta Gorda, frente a la rambla, para reclamar la legalización de la marihuana.

Ahora, en plena campaña previa a las primarias del 28 de junio y las presidenciales y legislativas del 25 de octubre, la Juventud Socialista y la juventud del sector Vertiente Artiguista, ambos sectores afiliados al oficialista Frente Amplio, plantean una nueva ley de despenalización.

Sostienen que "es fundamental", en un segundo gobierno de la izquierda, "que se encare la construcción de nuevas políticas para no seguir profundizando la criminalización, estigmatización y exclusión de las personas que consumen". "La Vertiente" quiere una ley para "autorizar la plantación para consumo individual".

El candidato favorito de la izquierda, el senador José Mujica (Movimiento Tupamaro), ha causado polémica en el Frente Amplio, con su propuesta de cambiar la ley para ser más restrictivos y dar potestad a las autoridades para internar a los drogadictos, aun contra su voluntad. Eso va en sintonía con el sentimiento de buena parte de la sociedad uruguaya, que pide severidad contra los consumidores de paco.

La senadora Lucía Topolansky, esposa de Mujica, le restó trascendencia: "Para nosotros, ése no es un tema central; es un tema que ponen ustedes, los periodistas".

El candidato favorito de la oposición, el ex presidente Luis Alberto Lacalle, que lidera las encuestas internas del Partido Nacional, sorprendió recientemente con un discurso de apertura a una eventual legalización de drogas blandas como mecanismo para recuperar adictos. Su rival interno, Jorge Larrañaga, cree que la legalización "no es el camino correcto porque la marihuana "es la puerta de ingreso a drogas duras".

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