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Las entidades y plataformas que configuran el Tercer Sector de Acción Social en España, nos unimos en defensa de la necesidad de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en nuestro ordenamiento jurídico

Las entidades y plataformas que configuran el Tercer Sector de Acción Social en España, nos unimos en defensa de la necesidad de una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en nuestro ordenamiento jurídico, y subrayamos la pertinencia de esta iniciativa en el contexto actual. Desde el Tercer Sector de Acción Social entendemos que es necesario y urgente el  que nos dotemos de una Ley general, integral y garantista,  que tenga como objetivo  prevenir y erradicar cualquier forma de discriminación, al tiempo que ofrecer protección a las víctimas. Por este motivo, las plataformas suscriptoras (PVE, POAS, CERMI y EAPN-ES) han elaborado un argumentario a favor de la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, con el fin de que el documento sea suscrito por cuantas más entidades mejor, y así no sólo sea suscrito por las Plataformas, sino que también por la mayoría de sus miembros. La fecha límite para las adhesiones es el 12 de abril.

Las entidades y plataformas del Tercer Sector de Acción Social que suscribimos este documento, queremos destacar la necesidad de contar con una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación en nuestro ordenamiento jurídico y subrayar la pertinencia de esta iniciativa en el contexto actual.

Las ventajas de contar con una ley general, la vinculación de la protección ante la discriminación con los derechos a que son acreedores los ciudadanos y ciudadanas, la convicción de que la discriminación, la desigualdad y la restricción de oportunidades pueden afectar a cualquier persona, la experiencia cotidiana de nuestras entidades, entre otros factores, son la base de este argumentario que no pretende analizar el articulado de la propuesta actual de Ley –cosa que se ha hecho en el momento adecuado del proceso de interlocución- sino manifestar la postura de nuestro sector ante el fenómeno de la desigualdad y la discriminación, cuyo impacto supone un handicap importante para el desarrollo social y económico de nuestro país.

Entendemos que es necesario contar en nuestro ordenamiento jurídico con una ley general, integral y garantista, que tenga como objetivo prevenir y erradicar cualquier forma de  discriminación, al tiempo que ofrecer protección a las víctimas. Entendemos también que esta ley debiera combinar un enfoque preventivo con un enfoque reparador y que debe incluir motivos de discriminación hasta ahora no contemplados en los instrumentos legales con los que contamos.

Los avances experimentados por nuestro país en materia de Igualdad no se ven reflejados en un tratamiento unitario, sino que se han centrado en colectivos concretos, sujetos a sistemas de protección heterogéneos, en función del tipo de discriminación.

Queremos hacer especial hincapié en que es preciso enfocar el tema de la Igualdad desde una óptica que englobe a todos los ciudadanos y ciudadanas, no como una cuestión de minorías. Vivimos en una sociedad diversa y todos y todas podemos ser objeto de discriminación: por edad, por origen racial o étnico o nacional, por sexo, por enfermedad, por discapacidad, por orientación o identidad sexual, por apariencia…Necesitamos una ley que garantice el derecho a la igualdad y a la no discriminación para todos y todas.

La igualdad en el goce pleno de los derechos fundamentales y la búsqueda de la plena realización personal constituyen una meta irrenunciable y por ello, deben removerse todos los obstáculos políticos, sociales, económicos o culturales que restringen de hecho la igualdad de los ciudadanos y ciudadanas.

A nuestro entender, la transposición de las Directivas Comunitarias en esta materia (Directiva 2000/43 CE del Consejo, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y la Directiva 2000/78 CE del Consejo, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación) no ha tenido ni el debate, ni el alcance, ni la aplicación efectiva, ni la dotación de recursos necesaria. Es preciso que en España el tema de la igualdad de trato y la no discriminación tenga un reflejo paralelo al peso que tiene en los países de nuestro entorno comunitario.

Sabemos que el contexto actual ha acrecentado las situaciones de discriminación -incluida la institucional- en el acceso a recursos, bienes y servicios, y conocemos de cerca su impacto en otros temas como el empleo, la vivienda, la educación, la cohesión social, el sentido de pertenencia, etc…Consideramos por ello urgente que se de cabida y se agilice la tramitación parlamentaria de la iniciativa legislativa sobre Igualdad de trato y no discriminación en esta legislatura.

Las Plataformas EAPN-ES, PVE, CERMI, y POAS consideran que una sociedad no puede avanzar sin garantizar la igualdad de oportunidades y de trato de quienes la componen. La discriminación supone una conculcación de derechos, una pérdida de capital humano en el desarrollo social y económico, una pérdida de riqueza en la coexistencia ciudadana, un riesgo de fractura social. Trabajar para erradicarla es social y económicamente rentable y es una tarea que requiere la corresponsabilidad compartida de todos los estamentos sociales.

Por eso esperamos del conjunto de grupos políticos que:

  • Tengan en cuenta que si no se regula la lucha contra la discriminación, esta tiene consecuencias económicas y laborales, sociales, culturales, educativas y políticas negativas que afectan a las personas discriminadas y a la sociedad española en su conjunto, situándola en una posición de retraso con respecto a los países de la UE y de la OCDE
  • Generen los consensos necesarios para que la Ley salga adelante con el máximo apoyo.
  • Sean ambiciosos en los objetivos perseguidos por la Ley, al objeto de conseguir una sociedad más justa en la que no quepan las discriminaciones
  • Contemplen en el articulado de la Ley las medidas necesarias, no solo para corregir la discriminación sino para garantizar de forma efectiva el principio de Igualdad de Trato entre todas las personas

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