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El Gobierno vasco promueve la legalización controlada del cannabis

El País Vasco tendrá el próximo año un proyecto de ley de adicciones que recogerá una regulación del “cultivo, la venta y el consumo” de cannabis. El anuncio que hizo el viceconsejero de Sanidad, Jesús María Fernández, en la presentación del sexto plan de adicciones, no equivale exactamente a una legalización de esta droga. Pero es un primer paso para llenar el vacío legal en el que se mueven los consumidores. Y, en la práctica, sería el primer territorio que regula en qué circunstancias es legal producir, distribuir y consumir los derivados del cannabis. El Plan Nacional Sobre Drogas ha recordado que Euskadi no tiene competencias para ello.

El anteproyecto de ley que se está elaborando ahora, y que se espera que llegue al Parlamento vasco en los primeros meses de 2012, es el primero que anuncia una comunidad autónoma, que preside Patxi López, en torno al cannabis. No es extraño que sea el País Vasco la comunidad pionera, puesto que fue allí donde comenzaron las asociaciones de consumidores de productos extraídos de la planta: clubes privados que gestionan plantaciones colectivas de cannabis para producir la marihuana y el hachís que consumirán sus socios, que son quienes sufragan las plantaciones a través de las cuotas.

“Es mejor ordenar que prohibir", apuntó Fernández, viceconsejero de Sanidad vasco, que apuesta por regularizar prácticas “ya consolidadas”. “Ya existe un marco normativo”, abundó el consejero, Rafael Bengoa, que abogó por un consumo de cannabis de forma responsable y autorregulada, con toda la información sobre las consecuencias, tras insistir: “No queremos ser prohibicionistas”. Aunque no se ha decidido aún el detalle de esta nueva regulación, ya se están realizando estudios “técnicos y jurídicos” para sacar adelante el texto.

La iniciativa del Ejecutivo vasco obligó a pronunciarse a la delegada del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas en funciones, Nuria Espí. Recordó que el consumo de drogas en el Estado está regulado por la Ley de Seguridad Ciudadana y que, por lo tanto, Euskadi no tiene competencias para su reforma. Y dicho esto, sugirió a qué podía referirse el Gobierno vasco cuando habla de una nueva regulación: “Se refiere claramente al funcionamiento de los clubes
de consumo. De regular la forma de funcionar un club de cannabis a la legalización de las drogas hay un largo recorrido, es diferente”.

Un paso al frente que “debe tomarse con tibieza”, declaró Iker del Val, vicepresidente de la Federación que agrupa a 40 de estas asociaciones, la FAC. Del Val explicó que probablemente la iniciativa anunciada por el Gobierno vasco exija una modificación del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, que recogen la normativa de consumo y la tenencia de cannabis. Modificaciones para las que el Parlamento vasco no tiene competencias.

Portavoces oficiales del Departamento vasco de Sanidad matizaron que la nueva regulación pretende abrir un debate con las asociaciones a favor de este consumo y “plasmar sus derechos”. “Es importante porque, por primera vez, las instituciones reconocen a los usuarios”, señaló Del Val.

La federación de asociaciones de consumidores promovió, hace dos años, la creación de una comisión técnica que estudiara posibles marcos de regulación para un consumo regulado. “Nosotros no defendemos una legalización a lo loco, sino un control. Control, más educación y menos prohibicionismo”, sostuvo Del Val.

Los números muestran una realidad social que es difícil ignorar: en la actualidad hay entre 100 y 120 asociaciones procannábicas, indican fuentes de la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC), 40 de ellas federadas.

No hay un plan de actuación de las instituciones públicas frente a estos clubes, que han tenido que marcar su camino a golpe de sentencia. Han salido reforzadas después de ganar al menos siete juicios por las plantaciones decomisadas, la causa más sonada a la afectó a la asociación bilbaína Pannagh: en 2007, la Audiencia Provincial de Vizcaya determinó que el cultivo colectivo que les fue incautado en 2005 era legal y obligó a la policía a devolver los 17 kilos que quedaban de la marihuana.

Las asociaciones no tienen a quién recurrir ante los robos de la mercancía y sufren decomisos por parte de la policía. En noviembre, Martin Barriuso, presidente de la FAC, y otros dos socios de Pannagh fueron detenidos por tráfico de drogas cuando organizaban la marihuana recolectada en las plantaciones de colectivas. Tras tres días en el calabozo, salieron en libertad bajo fianza, 15.000 euros en el caso de Barriuso. “Esto no habría ocurrido si tuviéramos un marco regulador, que es nuestra filosofía desde hace más de 15 años”, se lamentó el presidente de la FAC.

El propio viceconsejero vasco valoró el nuevo proyecto de regulación anunciado porque permitiría evitar consumos que “inducen a la clandestinidad, la delincuencia y al mercado negro”. “Una persona con dos plantas tiene una condena y otra, con cien, le absuelven y hasta le devuelven las plantas”, denunció del Val, en referencia a los diferentes criterios empleados por los jueces.

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