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La Fundación Secretariado Gitano confía en que la Ley de Igualdad de Trato suponga un avance significativo en la lucha contra la discriminación que todavía sufren muchas personas gitanas

El Consejo de Ministros del viernes 7 de enero ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Igualdad de Trato y no Discriminación, una Ley por la que vienen reclamando desde hace tiempo muchas organizaciones sociales, entre ellas la Fundación Secretariado Gitano (FSG) donde se recojan de manera integral las diferentes variantes de la discriminación y se concrete una transposición más adecuada y efectiva de las Directivas europeas anti-discriminación.

Para la FSG, como primera valoración, se trata de una Ley muy esperada para luchar contra una de las barreras que quedaban en el reconocimiento y la aplicación real y efectiva de la igualdad, y que es además muy necesaria en estos tiempos de crisis donde los derechos de las personas y grupos más vulnerables –como es el caso de la comunidad gitana– se pueden ver más afectados. En ese sentido, aboga por que tenga un verdadero carácter integral y garantista de derechos, incorporando acciones positivas que hagan referencia explícita a los grupos que sufren en mayor medida la discriminación.

Como señaló la Ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín, en su comparecencia en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que ha dado luz verde a este Anteproyecto, se inicia ahora el recorrido y tramitación parlamentaria de la futura Ley, por lo que desde la Fundación Secretariado Gitano se quiere insistir también en la necesidad de que tengan una participación efectiva en el periodo de consultas los grupos y colectivos más afectados por la discriminación.

Sara Giménez, abogada, responsable del Área de Igualdad de la Fundación Secretariado Gitano, considera que este Anteproyecto de Ley Integral de Igualdad es un importante avance necesario en nuestro Estado, al ser una Ley que garantizará el derecho fundamental de Igualdad proclamado en el art. 14 de nuestra Carta Magna, pero que deberá disponer de las herramientas necesarias para que sea un derecho práctico y real para todas las personas víctimas de discriminación, dado que hasta ahora la legislación existente no ha sido suficiente para que las víctimas de discriminación sean resarcidas cuando son rechazadas por su condición étnica, racial, sexual, origen social, estado de salud, edad, etc.

Para Sara Giménez, concretamente la etnia gitana continúa siendo una de las comunidades más rechazadas en nuestro país, atendiendo a los datos de los últimos Eurobarómetros o los Informes anuales de discriminación que publica la Fundación Secretariado Gitano desde 2005, en los que hemos registrado hasta la actualidad más de 630 casos de discriminación en aspectos como el acceso al empleo, educación, bienes y servicios, vivienda, discriminación en medios de comunicación, etc. Esta propuesta legislativa es un hito histórico muy necesario para la comunidad gitana y todas las víctimas de discriminación, ya que hasta ahora las entidades sociales que trabajamos en el ámbito de la lucha contra la discriminación, hemos contado con los avances producidos desde la creación del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato, pero esperamos que con esta Ley se dé un avance necesario: la creación de un organismo independiente (tal y como establece la Directiva 2000/43/CE) que promueva eficazmente, desde esa independencia, la defensa de la igualdad de trato de todas las personas. Junto a ello, es necesaria la implicación de todo el ámbito jurídico en la defensa de este derecho fundamental de Igualdad, que hasta la actualidad ha sido mínima en nuestro país. En este sentido, consideramos esencial que esta Ley promueva la implicación de jueces, fiscales, abogados y todos los profesionales de la Justicia para avanzar en la garantía de este derecho.

Por ello, señala Sara Giménez, “desde la FSG vamos a estudiar en profundidad este anteproyecto de Ley Integral de Igualdad y realizaremos en el momento oportuno nuestras aportaciones más específicas al mismo. En todo caso consideramos que se trata de un gran avance para toda la sociedad, ya que es una Ley que afecta a muchas personas y es una Ley que debe sensibilizar a toda la sociedad y generar las herramientas necesarias para que la Igualdad sea real y efectiva para todos y todas”.

Fernando Rey Martínez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Valladolid y miembro del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano, ha manifestado a la FSG que por fin, “se transpone de un modo serio” la legislación europea en materia de prohibición de discriminación por género, etnia/raza, orientación sexual, edad, discapacidad, religión/convicciones, etc. Por otra parte, indicó que se trata de una norma cuyo hilo conductor es la idea de "garantía", es decir, el intento de incluir instrumentos y técnicas de protección de la igualdad de trato; en este sentido, manifestó que “ya tenemos muchas normas sobre igualdad en España; lo que hace falta es cumplirlas en serio”. Ha indicado que se trata de una norma audaz, porque requiere cierto gasto en un momento de crisis económica, pero también es cierto que en cualquier caso provoca más gasto social descuidar la igualdad de trato que garantizarla. Señaló también que “es una de las normas sociales más importantes de la década y sus efectos van a ser duraderos. En relación con la comunidad gitana, en particular, es una norma histórica porque, por primera vez, se introduce de un modo potente en la agenda política de nuestro país la cuestión de la igualdad étnica/racial”.

José Manuel Fresno, presidente del Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las personas por el origen racial o étnico, ha declarado a la FSG que la experiencia de otros países demuestra que los órganos responsabilizados en igualdad de trato son fundamentales en la protección a las víctimas, el conocimiento de la situación y las garantías para la igualdad de trato; y por eso es muy importante que la nueva Ley garantice que el Consejo de igualdad de trato tenga amplios poderes, que pueda ejercerlos de modo independiente y que tenga los presupuestos y medios adecuados para cumplir sus funciones.

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