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El Gobierno colombiano descarta centros de consumo de drogas controlados

La ministra de Salud y de la Protección Social, Beatriz Londoño, recordó que por acuerdos internacionales, Colombia no puede entregar drogas ilícitas a los ciudadanos.

El alcalde Gustavo Petro indicó que el Estado puede darle al adicto dos posibilidades de rehabilitación: una con "autonomía personal", y otra, "si el adicto todavía no es capaz de asumir esa autonomía, la misma droga, como se hace en Europa con medicamentos que le quiten la ansiedad".

Esa fórmula, según Petro, busca que la juventud que está en las drogas no llegue a las cárceles y también para quitar a los adictos de las redes del llamado microtráfico "que matan".

"La disminución del daño que causa el consumo de drogas está en el microtráfico que también mata y que roba. La mejor manera para hacerlo es quitarle el consumidor a la mafia, quitarle el joven a la organización microtraficante", resaltó el alcalde bogotano.

La ministra Londoño admitió que actualmente sólo está permitido el suministro de metadona para adictos a la heroína en cinco ciudades del país.

"Lo que sí hemos venido trabajando con la Organización Mundial de la Salud (OMS) y con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la entrega o provisión de metadona bajo estricto control médico" en centros de atención de Armenia, Medellín, Cucutá, Santander de Quilichao y el municipio de Filandia, en el departamento del Quindío, explicó la ministra.

Londoño también señaló que una de las consideraciones del Gobierno es tratar a los adictos "como enfermos y no como delincuentes".

La semana pasada el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, sancionó la primera ley que reconoce la adicción a sustancias psicoactivas como un asunto de salud pública, lo que supone un giro en su lucha antidrogas al dejar de verlo sólo como un problema de orden público.

Según esa iniciativa, se "reconoce la enfermedad y garantiza el tratamiento integral" y por tanto los drogodependientes deben ser tratados como enfermos y tienen derecho de pedir de manera voluntaria y recibir una "atención integral por parte del Estado".

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