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Las ONG podrán cobrar las deudas de los Ayuntamientos siempre que se trate de contratos

El BOE ha publicado el Real Decreto 4/2012 para el pago a los proveedores por parte de las entidades locales  Están amparadas de cobro las cantidades adeudadas por los Ayuntamientos a las entidades sin ánimo de lucro siempre que se trate de contratos.


Para que se haga efectivo el cobro, dichos contratos deben aparecer en una relación que tiene que enviar cada Ayuntamiento a Hacienda antes del 15 de marzo. Por este motivo las entidades, tendremos que hace un seguimiento y comprobar estar en estas relaciones.

Conforme a los descrito en el artículo 4 del Real Decreto-ley 4/2012, de 24 de febrero, por el que se determinan obligaciones de información y procedimientos necesarios para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales:

  1. Las entidades locales permitirán a los contratistas consultar su inclusión, en la relación certificada remitida de acuerdo con el artículo 3 y en caso de estar incluidos podrán conocer la información que les afecte con respeto a la normativa de protección de datos de carácter personal.
  2. Los contratistas que no consten en la relación certificada remitida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 3, podrán solicitar a la entidad local deudora la emisión de un certificado individual.3. El certificado individual se expedirá por el interventor en los términos y con el contenido previsto en el artículo anterior en el plazo de 15 días naturales desde la entrada de la solicitud en el registro de la entidad local. Transcurrido el mencionado plazo sin que se hubiera rechazado la solicitud, se entenderá reconocido el derecho de cobro por silencio positivo en los términos previstos en la solicitud.
La Plataforma de ONG de Acción, y la Plataforma de Entidades del Tercer Sector, presidida por Luciano Poyato, presidente de UNAD, han mantenido diversas negociaciones para que las entidades sociales se conviertan en acreedores preferentes en un escenerario tan complejo. De momento, se demora la norma que amparará el pago por parte de las CCAA a los proveedores, ya que para aplicar este mecanismo se requiere reforma de ley de presupuestos y ley de estabilidad.

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