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FAPAT denuncia que los impagos de las administraciones le llevan al cese de actividades

Esta deuda obligará a la Federación de Asociaciones de Prevención y Ayuda a las Toxicomanías de Castilla - La Mancha (FAPAT) a desaparecer y poner fin a 20 años de lucha y trabajo para dar respuesta integral al problema de las drogodependencias.

El presidente de FAPAT, Alejandro Márquez, informó que hay contabilizada una deuda de 1.100.000 euros entre los servicios de la Federación y de las asociaciones que la componen.

Sólo lo que son los servicios de la Federación, la Junta de Comunidades adeuda un total de 692.375 euros de los 1.040.375 que tiene como presupuesto, y que a pesar de ello, en el 2011 se han atendido un total de 7.850 usuarios (1.670 desde el programa PADAS, 2.898 desde el programa de asesoría jurídica y social para drogodependientes y enfermos mentales y 3.282 desde el Centro Integral de Tratamiento de Drogodependientes ubicado en Alcázar de San Juan).

La difícil situación económica ha obligado esta mañana (22 enero 2012) a la Federación a entregar la carta de despido a los 34 trabajadores de los programas de la Federación, por lo que a partir del 1 de febrero ya no se prestarán los servicios anteriormente citados y, como consecuencia, la FAPAT prácticamente desaparecerá.

Ya antes, los servicios de la FAPAT han sufrido el corte de sus líneas telefónicas por impago y, de igual modo, están pendientes del corte de electricidad de sus instalaciones.

Para Márquez este hecho demuestra una dramática realidad en la que están afectados las personas que ya no van a ser atendidas, los programas que desaparecen, los trabajadores que pierden su empleo y los que siguen sin cobrar desde hace más de siete meses.

En este sentido, Márquez indicó que lamentablemente la desaparición del programa de asesoría jurídica podría provocar que varios drogodependientes tuvieran que regresar a centros penitenciarios al dejar de recibir esta ayuda.

Para Márquez eliminar la red pública de drogodependencias significa un retroceso de más de una década, cuando las drogodependencias era uno de los principales problemas de salud pública de nuestro país.

Desde FAPAT se considera que se está vulnerando el derecho que tienen los ciudadano drogodependientes y de sus familias, pues ellos tienen derecho a una atención de calidad en cualquiera de sus fases, y tienen derecho a contar con los recursos necesarios para la solución de esta problemática.

Además Alejandro Márquez recuerda que las asociaciones cuentan con personas profesionales y voluntarios que trabajan con el colectivo de los drogodependientes y en zonas donde los recursos públicos no llegan, realizando programas y proyectos que la propia administración, aun siendo su competencia, no desarrolla, aportando una pequeña parte del coste de los mismos servicios.

Ante la difícil situación que atraviesa la Federación, se reivindicó una legislación que ponga el acento en la dignidad de todas las personas, por encima del interés económico de algunos. “Una dignidad por la que las asociaciones de FAPAT llevamos luchando durante veinte años”, manifestó Márquez, quien concluyó asegurando que “cada persona que entra en una asociación es más que una cifra, es una vida que enriquece y colabora en la construcción de la sociedad en la que vivimos”.

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