Varón, 34 años, español, sin estudios y con antecedentes penales, perfil de la persona con problemas de drogas encarcelada

Para la elaboración del estudio se ha entrevistado a más de mil personas encarceladas con problemas de drogas, especialistas y funcionarios y se crearon grupos de discusión de internos

UNAD considera que para las personas privadas de libertad deben existir las mismas
posibilidades terapéuticas que para las personas en libertad

UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) ha realizado un amplio estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas que se encuentran encarceladas, en el que se pone de manifiesto que la prisión no está cumpliendo la función de reeducación y reinserción social encomendada por el artículo 25.2 de la Constitución Española y que no se está haciendo un uso suficiente de las alternativas a la prisión de tipo terapéutico de la persona con problemas de drogas y, por ende, en la evitación de los delitos causados por esa problemática.

Para la realización del estudio, que se ha podido realizar gracias a la colaboración y el patrocinio del Plan Nacional Sobre Drogas y la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, se ha entrevistado a más de mil personas encarceladas con problemas de drogas, se han realizado entrevistas-cuestionarios a expertos y profesionales de los centros penitenciarios, y se organizaron varios grupos de discusión de internos con problemas relacionados con el consumo de sustancias psicoactivas.

El presidente de UNAD, Luciano Poyato, considera, a la vista del estudio, que “la cárcel no es el marco adecuado para abordar la problemática de las drogodependencias, ni es la respuesta a un problema social, sanitario y humano, ni siquiera es la respuesta a una hipotética protección de la seguridad ciudadana o al objetivo de prevención penal”.

El trabajo en el interior de las prisiones lleva a las entidades agrupadas en UNAD a apreciar la carencia de recursos asistenciales dentro de las cárceles, y a cuestionarnos seriamente la idoneidad de la escasa intervención en drogodependencias que se está realizando.

En este sentido, Luciano Poyato asegura que “culpar de los males del sistema penitenciario a las personas que trabajan en la administración penitenciaria sería un recurso fácil y torticero. No es posible trabajar adecuadamente ni obtener resultados cuando no se tienen ni los recursos ni los instrumentos necesarios, sean materiales, sociales o jurídicos”.

Las prisiones españolas sufren un grave problema de saturación, y hoy albergan a más de 60.000 personas. Diversos estudios señalan que un elevadísimo porcentaje de esas personas, entre el 70 y el 80 por ciento, están internadas por problemas derivados de las drogas. Las medidas propuestas por UNAD darían una solución a ese problema de hacinamiento. Unas medidas que, además, son menos costosas que la edificación de nuevas prisiones.

En este sentido, en UNAD estamos convencidos que el modelo basado en priorizar la represión sobre otras medidas ya ha demostrado su fracaso en la reinserción de personas con problemas de drogas, y tenemos claro que el primer objetivo es la incorporación de esas personas a la sociedad, sin que ello quiera decir que se les exima de la responsabilidad que conlleva el delito que han cometido.

El presidente de UNAD asegura que “seguimos exigiendo una reforma legislativa penal y penitenciaria que, entre otras medidas, logre una mayor flexibilización en la concesión del tercer grado, medida que no sólo aliviará la enorme saturación de las prisiones españolas, sino que favorecerá el proceso terapéutico de miles de personas que se encuentran encarceladas y que tiene problemas de adicción”.

Además, para las personas privadas de libertad, deben existir las mismas posibilidades terapéuticas que para las personas en libertad, eso significa que deben entrar en las prisiones distintos recursos asistenciales y modalidades terapéuticas que hoy no han logrado traspasar sus puertas.
Entre las propuestas de UNAD, que la ONG hará llegar a los responsables políticos y a las administraciones, está el fomento de la aplicación de medidas alternativas a la prisión en concreto dos: a) la suspensión de la condena a la persona con problemas de drogodependencia que esté en tratamiento o se encuentre deshabituada, sin limitación por el quantum de la pena y; b) la aplicación de otras alternativas a la prisión como la mediación, la libertad vigilada y mayor uso de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad: Estas son medidas más educativas y útiles que la prisión en la protección de la seguridad ciudadana. En otros países de nuestro entorno se usan y dan buenos resultados. Incluso, en relación a la mediación penal, en nuestro país existen experiencias muy positivas.

UNAD también propone favorecer que el régimen ordinario sea el tercer grado para las personas drogodependientes, facilitando que los tratamientos sean realizados a través de los recursos normalizados del exterior. Esto podría concretarse en una circular interna de Instituciones Penitenciarias donde se perfile un procedimiento más ágil para la concesión de tercer grado en estos casos
Otras dos propuestas de UNAD son: Adscribir el personal sanitario de los centros penitenciarios al Sistema Nacional de Salud; y proceder a la excarcelación de las personas enfermas graves con padecimientos incurables.

El estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión realizado durante el año 2005 por UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) ha permitido elaborar el perfil de estas personas:

• Varón
• 34 años de edad
• De procedencia Española.
• Muy baja formación académica y profesional
• Perteneciente a una familia numerosa de corte tradicional (madre dedicada a las tareas del hogar)
• Muy baja formación en la unidad familiar
• Situación socio - económica media - baja.
• Con hermanos consumidores de droga.
• Con referente familiar.
• Actuales consumidores de droga.
• Tratamiento farmacológico para mitigar la adicción
• Son penados en 2º grado
• Tienen antecedentes penales.
• La mayoría de los delitos son contra la propiedad
• Con una condena media de 4 años

Las 272 asociaciones integradas en UNAD desarrollan 2.317 programas, de los que se benefician más de 1.200.000 personas. De esos programas 919 son de carácter asistencial, 446 de incorporación y 156 con personas reclusas, de ellos se benefician 327.929 personas. Esto la convierte en la mayor red del Estado y de Europa dedicada a las drogodependencias.

La destacada labor social llevada a cabo por UNAD permitió que en 1997 S.M. La Reina nos entregara la Cruz de Oro de la Orden Civil de la Solidaridad Social, otorgada por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Además, en 1993 el Consejo de Ministros acordó declarar De Utilidad Pública a UNAD. En 1996, el Ministerio del Interior concedió a UNAD la Cruz Blanca al Mérito del Plan Nacional Sobre Drogas. En 1998 la Dirección General de Instituciones Penitenciarias concedió a UNAD la Medalla de Plata al Mérito Social Penitenciario.


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Javier Martín
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