UNAD (Unión de Asociaciones y Entidades de Atención al Drogodependiente) ha realizado un llamamiento a las autoridades para que 3.000 educadores, psicólogos, trabajadores sociales y mediadores, sustituyan a los más de 3.000 policías que se ha destinado a los alrededores de los colegios para perseguir la compraventa a pequeña escala de drogas.

El presidente de UNAD, Luciano Poyato, considera que “la experiencia nos demuestra que la lucha contra las drogodependencias únicamente registrará avances si se basa en la prevención y en iniciativas de carácter social, ya que el modelo basado en la represión y la persecución ha fracasado”.

Los narcotraficantes no están a las puertas de los colegios vendiendo droga. Allí lo que puede haber son personas con problemas de drogodependencias que intentar sufragar su adicción vendiendo sustancias psicoactivas, y para esas personas la alternativa no debe ser la detención y la cárcel, sino la inclusión en programas biopsicosociales.

UNAD recibió con satisfacción el traslado de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional Sobre Drogas del Ministerio del Interior al Ministerio de Sanidad y Consumo, “porque eso, más allá de un cambio administrativo, implicaba que se ponía un especial esfuerzo en el carácter sanitario y social de este fenómeno complejo, por eso nos ha sorprendido ahora este anuncio que parece dar de nuevo el protagonismo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado”, ha señalado Luciano Poyato.
El modelo represivo, aplicado a la compraventa de drogas a pequeña escala, implica la aparición y desarrollo de un mercado negro, y en consecuencia de mafias, clandestinidad, y mayor grado de marginación.

Desde UNAD se considera imprescindible el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado para perseguir a los grandes traficantes de drogas, pero también se considera que el progresivo aumento del consumo de sustancias psicoactivas por parte de los menores y la lenta pero paulatina disminución de la edad de inicio en el consumo de drogas, no se frenarán por la presencia de policías en los alrededores de los colegios.

La coordinación de las asociaciones de madres y padres de alumnos, de los claustros de profesores, de las autoridades, de las administraciones, de las ONG, y de los profesionales, debe ser la base para abordar el difícil asunto del consumo problemático de drogas por parte de los menores.

El número de reclusos no deja de crecer, ya superamos los 60.000, y las cárceles españolas están completamente saturadas, en buena medida por personas condenadas por delitos relacionados con las drogas, y esa herramienta no parece que esté frenando el consumo de drogas entre los jóvenes.
El coste económico de movilizar a más de 3.000 policías podría utilizarse para contratar los servicios de algunos profesionales especializados en la educación para la salud y la prevención del consumo de drogas, y de esa manera la policía podría dedicarse a la persecución de otros delitos.

La reducción del consumo de drogas es algo demasiado importante para dejarlo únicamente en manos de la policía, es necesario contar con la colaboración de los propios menores, que demanden menos sustancias psicoactivas, es decir, la reducción de la oferta o disponibilidad de drogas sólo tendrá éxito si va acompañada por una reducción de la demanda, y para eso es imprescindible mejorar e incrementar la prevención.

El éxito no pude medirse en el incremento del número de detenciones o la cantidad de drogas incautadas, el éxito debe ser la reducción del consumo problemático de drogas, el freno en el descenso en la edad de inicio en ese consumo y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas.
Abordar este tema desde una perspectiva policial, olvidando las elevadas tasas de fracaso escolar, de absentismo, y sin tener en cuenta la participación de los claustros de profesores y las asociaciones de madres y padres, nos llevará a nuevas frustraciones que no pueden quedar ocultas por unos datos sobre la eficacia de las actuaciones policiales.



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Javier Martín
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