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Adicción y delincuencia: Retos en el camino de la deshabituación y la inserción social

Por José Ramón López López. Coordinador de Adicciones y Programas de Instituciones Penitenciarias de Fundación Diagrama. Integrante de la Comisión de Adicciones y Justicia Penal (UNAD)

Foto de Jad Limcaco vía Unsplash

La adicción [1] es uno de los principales factores de riesgo que pueden observarse en las personas delincuentes, tanto  a la hora de cometer el primer delito como para prolongar su carrera criminal. La mayoría de sus delitos están relacionados con infracciones contra el patrimonio y la salud pública (primera causa de encarcelación tanto para hombres como mujeres, según datos de Estadística Penitenciaria de julio de 2019), lo que se denomina delincuencia funcional ya que es muy frecuente que la adicción conlleve un importante gasto económico que conduce a la persona a tener muchos problemas para costear su consumo.

Los últimos datos del estudio del ESDIP (2016) nos dicen que el 71% de los/as internos/as había consumido alguna droga ilegal antes de su encarcelación, manteniéndose en el consumo dentro de prisión un 21%, siendo más extendido este consumo entre los hombres. A todas luces, debemos evitar la estigmatización ya que la mayor parte de personas adictas no han delinquido nunca y muchas personas que han delinquido tampoco tienen una adicción.

En cuanto al tratamiento jurídico-penal de la persona con problemas de adicción, ya desde el código penal de 1973 en su artículo 93 bis se habla de una suspensión condicional para drogodependientes. Se consideró que el encarcelamiento y la vida en prisión dificultaban su rehabilitación [2] y ello fue un factor determinante para realizar esa modificación, las posteriores de 1995 y la actual de 2015.

El código penal vigente tiene prevista la situación de la persona drogodependiente delincuente, pudiéndose aplicar en estos casos las eximentes (20.1, 20.2, 20.5), o las atenuantes de los artículos (21.1, 21.2, 21.7), así como la suspensión de la pena de privación de libertad tras la sentencia condenatoria menor a cinco años (artículo 80.5) y la remisión de la pena que se le puede conceder si cumple con lo que aparece en el artículo 87.

Una novedad muy importante de la actual reforma fue la inclusión en el artículo 80.5, del párrafo que dice que no se considerarán como abandonos las recaídas durante el tratamiento si estas no suponen su abandono definitivo.

Si ingresa en prisión, el Reglamento Penitenciario (artículo 116) prevé que las personas internas con problemas de adicción puedan acogerse a programas de tratamiento en el ámbito penitenciario (cada vez existen más y mejores) y fuera de él (artículo 182) con el objetivo de la deshabituación. No obstante, los programas que se desarrollan dentro de prisión cuentan con muy poco personal profesional  en los centros (media de dos o tres profesionales de la psicología por centro penitenciario para una población de 350-1150  personas internas), permitiéndonos a las ong que entremos a desarrollarlos, aunque también nos encontremos con una escasez de medios ante la falta de inversiónexistente.

Pese a estas reformas y mejoras, seguimos asistiendo en los últimos años a una escalada de endurecimiento penal a pesar de que no hay motivos para ello (ver principales delitos cometidos, Estadística Penitenciaria 2019), más allá del uso del derecho penal para obtener réditos electoralistas. Así, en la actual Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana desaparece la posibilidad de tratamiento, mientras que la anterior legislación sí contemplaba el tratamiento para suspender el pago de multa. Otro de los ejemplos en los que vemos que no se cumple con las mejoras que introduce la reforma actual del Código Penal en determinados artículos, es que en los centros de tratamiento para las adicciones observamos que no se tiene en cuenta el artículo 80.5: en muchas ocasiones aunque afortunadamente cada vez menos, cuando se emite un informe hablando de un consumo vemos que inmediatamente la solución que se da desde el centro penitenciario o del CIS de referencia es regresar a la persona penada. Esto es debido a que desde los centros penitenciarios o CIS no se tiene la suficiente o adecuada formación en adicciones y la recaída no se ve como parte del proceso sino como un abandono del mismo, confundiéndose consumo con recaída. No se tiene formación de cómo se debe abordar una recaída, o bien se tiende, como decíamos, al endurecimiento penal.

Teniendo en cuenta la finalidad resocializadora, cualquier mecanismo normativo que permita un acceso a mayores cuotas de libertad a las personas penadas cuya evolución así lo justifique no solo es bienvenido sino que debe ser ampliamente utilizado. Está comprobado que la existencia de la posibilidad de suspensión de la pena puede ser un estímulo adecuado para la rehabilitación y reinserción social de las personas delincuentes drogodependientes teniendo en cuenta que la deshabituación obtiene cifras más positivas con tratamientos fuera de prisión, pudiéndose realizar la inserción social de forma progresiva y con seguimiento terapéutico. Esto en un tratamiento dentro de prisión chocaría con un cambio más brusco en los hábitos de vida de la persona cuando se encontrara en libertad definitiva, lo que le podría llevar a una recaída y reincidencia en sus anteriores conductas delictivas.

A pesar de las modificaciones legislativas que se han realizado, nos queda un camino largo por recorrer. Por ejemplo, en el actual Código Penal solo se habla de suspensión de los delitos cometidos por las sustancias que están recogidas en el artículo 20 apartado 2, dejando fuera las adicciones comportamentales (recogidas en los manuales psiquiátricos de referencia DSM V y CIE 11), entre las que se encuentra la ludopatía. Otra de las mejoras que se pueden proponer es el poder introducir en la legislación procesal penal la posibilidad de sustituir la prisión preventiva para personas con problemas de adicción debidamente acreditados por mecanismos de deshabituación fuera del sistema penal.

Finalmente, otro de los campos en los que deberíamos incidir para conseguir esa deshabituación e inserción social exitosa es en la formación de jueces, abogacía y personal que trabaja desde la Institución Penitenciaria con este colectivo. Las adicciones exigen una formación continuada y un trabajo desde la perspectiva de género, como nos dice la actual Estrategia Nacional de Adicciones 2017-2024, con tratamientos que estén en continua evolución así como una mejora y una adaptación legal a estos cambios para conseguir la tan ansiada reeducación y reinserción social.

 


[1] Queda fuera de este documento, por su corta extensión, el hablar del gran número de personas internas con patología dual y su tratamiento (coexistencia de dos tipos de trastornos: drogodependencia y trastorno psíquico) y las diferencias entre hombres y mujeres en la adicciones, ya que las mujeres presentan unas características particulares en cuanto a motivos para iniciarse en la adicción, patología dual, proceso en el tratamiento y reinserción, que hasta hace muy poco no eran tenidas en cuenta, que hacen imprescindible  la inclusión de la perspectiva de género en el tratamiento de las adicciones (Ver Arostegui, E. y Martínez, P., 2018; Cantos, R., 2016).

[2] La estancia en prisión de una mujer viene a agravar todo lo dicho anteriormente, debido a que se penaliza más a nivel social que el encarcelamiento de un hombre, las políticas, la intervención y el tratamiento dentro de la institución penitenciaria, se han creado y orientado a los hombres, y se aplican a las mujeres sin adaptarlas a sus reclamos o necesidades, perdiendo así, gran parte de su eficacia en el proceso de reinserción de las reclusas (ROSEP, 2018), cada vez más desde la institución penitenciaria se está siendo sensible a estas intervenciones (ver Programa Sermujer.eS).

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