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Mujer, prisión y adicciones: hacia una intervención con perspectiva de género

Por Paqui Bonachera Espino, técnica del área jurídica de Federación Andaluza ENLACE e integrante de la Comisión de Adicciones y Justicia Penal de UNAD

Foto de Kelli McClintock vía Unsplash

Por la experiencia de la Red UNAD, sabemos de primera mano que la prisión es actualmente un medio donde imperan los patrones androcéntricos y en el que las mujeres, que representan el 7,5% del total de la población reclusa1, no reciben un tratamiento adaptado a sus necesidades para incorporarse a la sociedad en las mejores condiciones posibles2

Desde nuestra intervención, observamos cómo las mujeres con problemas de adicciones suelen compartir un perfil sociodemográfico similar: mujer joven, proveniente de sectores vulnerables o excluidos de la población, con escaso nivel formativo, desempleada o con una situación económica precaria, que sufre o ha sufrido violencia y tiene o ha tenido a su cargo el cuidado de menores o familiares. 

Con la entrada en prisión, la situación de la mujer drogodependiente se agrava, solapándose una serie de situaciones que van a incidir de manera importante en su estado general durante la privación de libertad, así como en el éxito del proceso de recuperación de su adicción y en sus posibilidades de volver a la sociedad sin acudir al delito. 

La comisión de un delito conlleva siempre un estigma y este es más fuerte en el caso de las mujeres por la ruptura que supone con el rol que se les atribuye como cuidadoras, madres o esposas. El rechazo es mucho mayor, tanto a nivel social como institucional, al añadirse otros factores relacionados con la etnia, la raza, el estatus social y económico o el hecho mismo de sufrir problemas de adicciones, lo que dificulta o retrasa el acceso y éxito del tratamiento. 

No es casual, por otro lado, el hecho de que, entre las mujeres drogodependientes, los tipos delictivos más frecuentes sean los más vinculados con la exclusión social, esto es, los delitos contra la salud pública y contra el patrimonio. La escasa formación y capacitación profesional, unido al entorno en el que se desarrolla su vida, suele condicionarlas hasta el punto de llevarlas a delinquir para sobrellevar la precariedad o dar asistencia a su pareja o familiares cercanos, llegando incluso a inculparse en algunas ocasiones por delitos que no han cometido. Una vez dentro de prisión, esta realidad no hace más que empeorar, al seguir encontrando dificultades para acceder a trabajos remunerados u otros medios que les doten de mayor autonomía,y cayendo en situaciones de dependencia económica y violencia durante el internamiento.

En la esfera personal, es frecuente que las mujeres con problemas de adicciones presenten sentimientos de culpa y baja autoestima, que les lleva a estados depresivos y de ansiedad. Lamentablemente, en prisión, estos síntomas se tratan casi únicamente con medicación, sin atender a la raíz del problema3

Al mismo tiempo, en la última década, hemos constatado que la gran mayoría de las mujeres que consumen drogas, sufren o han sufrido episodios de violencia a lo largo de su vida. Esta violencia, se da normalmente en forma de amenazas o agresiones en el seno de la pareja, abusos sexuales o prostitución como modo de vida y tiende a reproducirse dentro de la prisión. 

Otro aspecto importante que identificamos en la atención a las usuarias de la Red UNAD privadas de libertad, es el hecho de que el sistema penitenciario no tome en cuenta las necesidades afectivas y de interrelación de las mujeres con sus familias, obligándolas a mantener un estricto régimen de visitas. Y ello pese al hecho de que es usual que las responsabilidades familiares acompañen a las mujeres incluso en su paso por la prisión debido, al escaso apoyo familiar y social con el que suelen contar. 

En España existen tres unidades externas de madres y cuatro módulos específicos en el interior de los centros penitenciarios4 donde conviven mujeres embarazadas y madres con hijos e hijas de hasta tres años. Teniendo en cuenta los contextos de los que provienen las mujeres encarceladas tratados anteriormente, puede ocurrir que el padre se encuentre también privado de libertad o no exista la posibilidad de dejar encargado el cuidado de los hijos e hijas a una persona de confianza, por lo que, cumplidos los tres años, será la Administración la que se haga cargo, con todo lo que ello implica.

Así pues, tras un análisis somero de la situación en la que se encuentran cumpliendo condena las mujeres en nuestro país, consideramos que es urgente seguir avanzando en la incorporación de una mirada más humana y con perspectiva de género en la institución penitenciaria.  Entendemos que es importante seguir trabajando para garantizar una intervención que atienda las necesidades específicas de las mujeres tomando en cuenta sus circunstancias y atendiendo a los condicionantes que puedan estar influyendo en el consumo problemático de sustancias, facilitando el acceso a los recursos y al tratamiento según lo establecido en la normativa vigente. 

 

Según el último Informe General de Instituciones Penitenciarias, 2017.

2 En la actualidad, sólo existen en la península cuatro centros penitenciarios específicos para mujeres ubicados en Barcelona, Sevilla, Ávila y Madrid. Esta circunstancia lleva a elegir entre cumplir condena lejos del lugar de residencia con los consiguientes efectos derivados de la situación de desarraigo o quedarse más cerca de su lugar de origen en módulos insertos en cárceles de hombres.

3 Al mismo tiempo, según  el último estudio EDADES del Ministerio de Sanidad, la prevalencia en el consumo de determinadas sustancias psicoactivas, especialmente los hipnosedantes, los analgésicos sedantes y el alcohol, en el caso de las mujeres llega casi a duplicar la tasa masculina.

4 Estos no están presentes en todas las prisiones y se trata de instalaciones que se encuentran en zonas alejadas de los núcleos urbanos.

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