UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha defendido la regulación del cannabis de una manera estricta, rigurosa y consensuada, priorizando siempre el papel de las personas usuarias y sus derechos. Además, ha insistido en que esto es una cuestión de salud pública.
Así lo han recalcado nuevamente desde la entidad tras debatirse este martes en el Congreso de los Diputados una Proposición de Ley para regular el cannabis de forma integral, y que, finalmente, no ha salido adelante por no contar con el respaldo de la mayoría de los grupos parlamentarios.
A pesar de esto, UNAD ha aplaudido que se siga impulsando el debate en este sentido, ya que, en su opinión, las políticas prohibicionistas, hasta la fecha, lejos de ejercer algún efecto positivo en la producción, el tráfico y el consumo de drogas solo han logrado fortalecer el mercado negro y perjudicar la salud de las personas consumidoras.
De la misma manera, consideran que el prohibicionismo incrementa aún más la estigmatización y discriminación de las personas consumidoras de cannabis, dificultando el acceso a tratamientos.
UNAD entiende que, con la doble finalidad de, por un lado, proteger y atender a la población joven y adolescente, que es la más vulnerable de los posibles efectos adversos del consumo de cannabis y, por otro lado, de revertir la situación de discriminación a las personas consumidoras, es necesario diseñar e implementar una política de regulación, buscando el consenso entre los diversos actores implicados en el proceso.
Además, asegura que es fundamental que la regulación del cannabis en España preva una mayor inversión en prevención, tratamiento y reducción de daños, sobre todo hacia la población joven y poblaciones vulnerables como las personas con discapacidad intelectual o con problemas de salud mental.
En esta línea, UNAD ha recordado su posicionamiento en relación con la regulación del cannabis que pasa por:
- Ejecutar cambios legislativos que eliminen el castigo y las sanciones asociadas al consumo y el autocultivo.
-Mejorar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana de manera que las multas, en determinados casos, puedan sustituirse por tratamientos para las personas que lo soliciten.
-Mayor inversión en educación, prevención efectiva y reducción del daño con el objetivo de garantizar los derechos de las personas consumidoras de cannabis.
-Creación de un marco que regule esta sustancia de forma rigurosa y consensuada para que los derechos de las personas consumidoras queden garantizados frente a los beneficios económicos del narcotráfico.
-Es necesario que el marco de regulación refleje los efectos perjudiciales del consumo de cannabis sobre la salud en población joven y otros grupos especialmente vulnerables.
Por último, UNAD afirma que las entidades sociales que atienden a las personas con problemas de adicciones son muy necesarias ya que contribuyen con su experiencia y redes humanas a un abordaje verdaderamente eficaz del problema.
Las personas interesadas en consultar el posicionamiento completo pueden hacerlo aquí.
