Carl Gustav Jung es un referente del Psicoanálisis contemporáneo, que es algo así como ser un espeleólogo avezado de la caverna mental. Decía que la psique está formada por lo consciente y lo inconsciente. Y el término “análisis” quería ensalzar la importancia del rol de lo inconsciente en nuestras vidas: de ahí lo de “Psicología Analítica”. El inconsciente estaría constituido por una parte personal y otra colectiva. La parte inconsciente colectiva sería la que se fue desarrollando a lo largo del tiempo: no nacemos como una tabula rasa, incorporamos prejuicio en nuestros genes medioambientales aunque –me permito añadir- el ser humano es la única especie capaz de darse cuenta de esto e, incluso, de intentar transformarlo.
El fundamento de la pena tiene un complicado origen filosófico. La pena nace como contraposición al delito, castiga el delito. Es, en principio, una necesidad para restaurar el orden divino que ha sido perturbado, según las tesis católicas y protestantes. Pero es que esta teoría, más tarde, adquiere una naturaleza laica y es asumida por filósofos como Kant o Hegel, solo que disfrazándola un poco. Kant decía que el mal de la pena debe ser igual al mal del delito y Hegel que la antítesis entre Derecho y delito debe ser resuelto dialécticamente con la pena. Es decir, lo mismo de siempre: hay que castigar para mantener el orden, el divino o el humano. Y así pasaron los siglos, aunque luego nuevas corrientes introdujeran en el sentido de la pena el matiz de la prevención, u otros.
Partimos de que todas esas doctrinas retribucionistas, incrustadas en el inconsciente colectivo jungiano, han sido superadas en la sociedad actual, “analíticamente” avanzada (ilusos). De hecho, la Constitución Española de 1978 proclama en su artículo 25 que las penas privativas de libertad están orientadas a la reeducación y a la reinserción social, y en el artículo 10 que la dignidad de la persona es fundamento del orden político y de la paz social, la cual sería, en teoría, el nuevo sustrato de la pena.
Recientemente la Red de Atención a las Adicciones, UNAD ha publicado el resultado de la investigación “Situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas. Una visión con perspectiva de género.” Su principal impulsora es la Magistrada Carmen Martínez Perza, coordinadora de la Comisión de Adicciones y Justicia Penal de UNAD. Ha contado con la colaboración de la Universidad del País Vasco y de las Administraciones Penitenciarias, tanto la dependiente de la Generalitat de Catalunya como la del Ministerio del Interior, por aquello de las competencias territoriales.
Este estudio actualiza los datos de la situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas (la encuesta se ha realizado en 18 de ellas). Y digo "actualiza" porque parte de un estudio precedente del año 2008, realizado también por UNAD. Y además lo hace con una serie de cambios metodológicos; el más importante es el de la introducción del género como elemento diferencial. A la persona que le interese saber quién está en la cárcel y quién no en España le aconsejo encarecidamente su lectura. Dice cosas como que las personas con estudios superiores no llegan al 10%, que la mayoría pertenece a familias numerosas sin formación básica, que un 92% de las personas encuestadas tienen problemas de adicción a las drogas, que dos terceras partes no reciben ningún tipo de tratamiento, que una cuarta parte tienen un problema de salud mental diagnosticado (esquizofrenia, depresión, psicosis, T.L.P.), etcétera.
Se confirma algo que los que buceamos a diario por el intestino carcelario percibimos sin dificultad, esto es, que las tozudas políticas penales en este país no han sido capaces de cambiar la realidad de las prisiones, que siguen rebosantes de personas con problemas de adicciones y salud mental, habituales de los entornos de exclusión social. Lo destacaba, lánguidamente, el Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona José Antonio Rodríguez Sáez, en la presentación del estudio en Cataluña: “No ha cambiado mucho desde que empecé en esto, allá en los años noventa: la cárcel sigue siendo para los pobres. De hecho, el discurso retribucionista ha reflotado”. Y su colega de toga, Carme Guil Román, apostillaba: “La respuesta punitivista ha perpetuado los problemas sociales que intentaba resolver”.
Supongo que Jung lo tendría claro. No hemos conseguido deshacernos de ese lastre mental, ese elemento del "inconsciente colectivo” que nos impide movernos de paradigma. Después de tanto revés legislativo, en último término, me resigno a pensar que la sociedad española y sus actores políticos asumen sin crítica que el castigo es lo que debe prevalecer siempre, a costa de la educación, el tratamiento, la resocialización o, simplemente, los Derechos Humanos.
