La Junta Directiva de UNAD, la Red de Atención a las Adicciones, ha aprobado este lunes una nueva orientación estratégica que pone el foco en el trabajo directo con las más de 200 entidades que conforman la red. Esta decisión marca un hito clave en el proceso de transformación iniciado en los últimos meses, que busca adaptar la organización a las nuevas realidades sociales, territoriales y organizativas con el fin de fortalecerla red y reforzar el sentido de pertenencia. 

El nuevo enfoque parte de un proceso de diagnóstico impulsado por Elisabeth Ortega Suárez, vicepresidencia de UNAD, que se ha desarrollado a lo largo de 2024 y ha incluido una fase de trabajo en el terreno, encuentros participativos y espacios de reflexión colectiva con las propias vocalías territoriales y entidades.

Como respuesta, UNAD ha diseñado una hoja de ruta que estará en marcha hasta 2027 y que incluye cinco líneas de acción estratégicas: reforzar la base asociativa, fortalecer la red territorial, mejorar la propuesta de valor, adaptar la estructura organizativa estatal y una línea transversal de gestión del cambio.

Este nuevo rumbo responde también a una demanda clara de las entidades de la red, contar con una UNAD más orientada a las necesidades reales del territorio y con una estructura que facilite la comunicación, la coordinación y el acceso a recursos.

Este nuevo plan pretende ser dinámico y abierto a la participación, con capacidad de adaptación a los desafíos emergentes y a las aportaciones de la propia red. Entre las prioridades destacan también el impulso del acompañamiento generacional, la defensa del modelo de intervención biopsicosocial, la interlocución activa con las administraciones públicas, el impulso de la marca y la generación de conocimiento para la toma de decisiones.

Con este paso, UNAD reafirma su compromiso con las personas, las entidades y los territorios que integran la red, y pone en marcha un proceso de cambio basado en la escucha, la transparencia y la corresponsabilidad. Un cambio que aspira a fortalecer no solo la estructura de la organización, sino también su misión social y su capacidad de defender los derechos de las personas con adicciones y sus familias.