03 marzo 2010
El Gobierno amplía las medidas económicas para favorecer la inclusión social y la lucha contra la pobreza

El Gobierno dotará este año a los
ayuntamientos, a través del Fondo de Inversión Local,
de 737 millones para programas sociales, de los que casi 300
serán destinados a la inclusión socia. Además, incrementará en 14
millones la parte del IRPF
destinada a los programas de inclusión social, e introducirá criterios
sociales en la
contratación pública para dar preferencia en los
procesos de licitación a las empresas que tengan en sus
plantillas más de un 2% de trabajadores con
discapacidad


El Gobierno ha aprobado, a propuesta
de la ministra
de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, el
Plan Extraordinario de Fomento de la inclusión Social y la
Lucha contra la Pobreza 2010.

La coyuntura económica
ha incrementado el número de personas en situación de
vulnerabilidad social, por lo que el Gobierno ha decidido
establecer nuevas medidas para el presente año que refuercen
el Plan de inclusión social para adaptarlo a esta
situación.

Las nuevas medidas aprobadas
hoy se centran en las siguientes
áreas:
La atención directa al
ciudadano en riesgo de exclusión a través de
ayuntamientos y ONG.
El desarrollo del Tercer Sector
(entidades no lucrativas como centros de empleo especial,
asociaciones, empresas de inserción, cooperativas,
fundaciones, etc.).
Desarrollo de la
población gitana.

Por otra parte, el Gobierno
dotará este año a los ayuntamientos, a través
del Fondo de Inversión Local, de 737 millones para programas
sociales, de los que casi 300 serán destinados a la
inclusión social a través de los
ayuntamientos.

Mas recursos para
ONG


Se
incrementarán
los recursos para la atención a las personas en riesgo de
exclusión social a través de las
ONG: Para apoyar esta labor se
pondrán en marcha medidas como:

  • La creación de un fondo
    extraordinario de 30 millones de euros para el
    fortalecimiento de las políticas de inclusión social
    a través de las ONG.
  • El incremento
    de la cantidad de la subvención del 0,7% del IRPF
    destinada a los programas de exclusión social. Esto
    supondrá 205 millones de euros en 2010, (14 millones
    más que en 2009).
  • Podrán solicitar el
    acceso a las líneas de crédito ICO existentes para
    completar los programas del Fondo Social Europeo.

El Gobierno
ha previsto
presentar en los próximos 6 meses al Consejo de Ministros el
anteproyecto de Ley de Economía Social, que
regulará las entidades del Tercer Sector (centros especiales
de empleo, empresas de inserción, cooperativas, fundaciones
y asociaciones).

Además, adoptará medidas para
reforzar
las funciones de estas entidades:

  • Introducción de
    criterios sociales en la contratación
    pública para dar preferencia en los procesos de
    licitación a las empresas que tengan en sus plantillas
    más de un 2% de trabajadores con discapacidad.
  • Incentivar la
    contratación de personas en riesgo de
    exclusión por parte de las empresas de
    inserción.
  • Promocionar el Plan
    estratégico del Tercer Sector de acción
    social, aprobado en 2006.

Además de las acciones
ya citadas, se han aprobado otras medidas adicionales para
favorecer la inclusión y luchar contra la pobreza. Estas
medidas incluyen la puesta en marcha de certificados de
profesionalidad y la atención preferente a la
inserción de las personas con especiales dificultades en las
ofertas de actividad (ya sean de empleo, formación,
etc.).

Desde su aprobación,
este plan que ahora se ve reforzado por el Gobierno, ha permitido
aumentar las prestaciones sociales en distintos ámbitos como
el fomento del empleo, el incremento de los recursos
económicos mínimos, la equidad en una
educación de calidad, el apoyo a la integración de
las personas inmigrantes y la atención a las personas en
situación de dependencia.

Algunos ejemplos de estos
logros son:

  • La puesta en marcha de la
    Estrategia global de acción para el empleo de las personas
    con discapacidad, dotada con 3.700 millones de euros.
  • El
    incremento en un 5,5% del
    salario mínimo interprofesional.
  • El aumento de las pensiones
    mínimas (un 70% las de viudedad entre 2004 y
    2009).
  • La financiación con 614
    millones de euros del aumento de plazas educativas para menores de
    seis años.
  • El impulso a la Ley de
    Dependencia, con más de medio millón de personas
    atendidas y 2.050 millones de euros destinados a este fin por el
    Gobierno en 2009.