05 noviembre 2009
El Parlamento Europeo reconoce la importancia de reforzar el papel de la sociedad civil en el desarrollo de una política en materia de drogas

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución sobre el papel de la sociedad civil en política de la Unión Europea en materia de drogas, en el que, además de pedir más recursos para las ONG, reconoce su papel fundamental  en el apoyo al desarrollo, la definición, la ejecución, la evaluación y el control de las políticas en materia de drogas.


El Parlamento Europeo reconoce el papel fundamental de la sociedad civil en el apoyo al desarrollo, la definición la ejecución, la evaluación y el control de las políticas en materia de droga y subraya, en especial, el valor añadido que constituyen su experiencia sobre el terreno, su capacidad de innovación y su potencial en términos de intercambio de información y mejores prácticas, probadas y documentadas de manera científica en la aplicación concreta de las políticas en materia de drogas.

Además, el EuroParlamento pide a los Gobiernos de todos los Estados miembros, a las organizaciones no gubernamentales, a la sociedad civil y a las asociaciones de padres y de profesionales que lleven a cabo campañas de información exhaustivas sobre:

  • los riesgos y los daños para la salud física y mental causados por las drogas, en particular en el caso de las jóvenes, las mujeres embarazadas o lactantes y los niños;
  • la salud materna y la transmisión de las drogas de la madre al feto;
  • los tratamientos para menores y delincuentes drogadictos;
  • el apoyo a los padres con hijos toxicómanos

Los europarlamentarios señalan la importancia de reforzar el papel de la sociedad civil en el desarrollo de una política en materia de drogas de dimensión europea, objetivo principal de la Estrategia de la UE en materia de lucha contra la droga (2005-2012).

Por otra parte, el Parlamento pide que la Unión Europea, previo control presupuestario, conceda más ayuda financiera a las actividades de la sociedad civil europea, tanto para los proyectos en curso como para futuras iniciativas en este ámbito. Y solicita a los Estados miembros que, en la medida de lo posible, amplíen las disposiciones relativas a la financiación pública a los servicios prestados por las organizaciones civiles profesionales, siempre que se cumplan unos criterios adecuados de garantía de calidad, no sólo en el caso de los servicios sanitarios o sociales, sino en el caso de los servicios para la reducción de efectos nocivos y los servicios a los más desfavorecidos; considera que así será posible asegurar la planificación y la sostenibilidad de los servicios, y que éstos cumplan las normas de calidad.

Los parlamentarios subrayan la importancia de que la sociedad destine recursos económicos a apoyar a las organizaciones de voluntarios y de padres que se dedican a luchar contra el abuso de las drogas, en particular entre los jóvenes.