ENCOD denuncia que las políticas de drogas prohibicionistas basadas
en los Convenios Internacionales sobre Estupefacientes (de 1961, 1971 y
1988) no sólo han sido insuficientes para contrarrestar el tráfico de
drogas, sino que han contribuido a su incremento y fortalecimiento.
ENCOD señala que son los eslabones más débiles de la cadena
(consumidores de drogas, correos y cultivadores), los que sufren
desproporcionadamente los efectos dañinos y contraproducentes de las
políticas de control de drogas.

Según afirma Virginia Montañés (presidenta de ENCOD), “la estrategia
antidrogas se ha convertido a lo largo de los años en una guerra
abierta contra las personas consumidoras. Las personas afectadas tanto
por las drogas como por las políticas, sufren el deterioro de la salud,
el aumento de la exclusión y estigmatización y la vulneración de los
derechos más elementales debido a una estrategia criminalizadora
impuesta por los organismos internacionales –Junta Internacional de
Estupefacientes (JIFE) y la Oficina de Naciones Unidas para las Drogas
y el Delito (ONUDD), y por nuestros propios países”.

ENCOD señala que
estas políticas represivas con el consumo criminalizan a las personas
usuarias, dificultando la cobertura de sus derechos y el ejercicio de
sus deberes como ciudadanos y ciudadanas y abocándolas a procesos de
exclusión que, en muchos casos, son irreversibles.
ENCOD lamenta el empecinamiento de las autoridades internacionales y
estatales en políticas de drogas costosas (70 mil millones de euros por
año, según Ethan Nadelmann de la Drug Policy Alliance), sin ninguna
base científica y que han fracasado en todos sus objetivos, en lugar de
desarrollar verdaderas políticas centradas en la salud pública, basadas
en los derechos humanos y sensibles a las diferencias de género.

Por todo ello, ENCOD considera urgente y necesario un verdadero
cambio en las políticas de drogas. Las políticas alternativas de drogas
no deben causar daño a la salud de los consumidores, no deben amenazar
la subsistencia de campesinos en países del Sur, deben respetar los
derechos de los ciudadanos y ciudadanas y tener en cuenta las
diferencias de género.

ENCOD también exige cambios en la ley que pongan freno a la entrada
masiva de personas usuarias en las prisiones; la apertura del debate
social con todos los agentes de la comunidad sobre la regulación de las
sustancias ilegalizadas; la redefinición de las estrategias de
prevención dirigidas a jóvenes y personas adultas, en base a criterios
integrales, realistas y participativos y con enfoque de género; y la
innovación y extensión de los tratamientos de drogodependencias a toda
la población afectada, especialmente a la más vulnerable, como salas de
consumo o programas de dispensación controlada de drogas.

ENCOD lamenta la falta de interés de los gobiernos y la Comunidad
internacional por facilitar la participación de la sociedad civil en el
diseño y evaluación de las políticas de drogas y demanda la
participación efectiva de las entidades y personas afectadas en los
espacios de toma de decisiones sobre las políticas de drogas de la ONU,
la Unión Europea y los gobiernos de cada Estado.