22 septiembre 2010
ENLACE considera necesario abrir un debate serio en torno a la eficacia de la actual política de drogas

Responsables del Plan Nacional sobre Drogas han declarado a los medios de comunicación que actualmente la sociedad española no exige un debate sobre la política de drogas. Sin embargo, multitud de colectivos del ámbito de las drogodependencias y la exclusión social llevan años demandándolo y denunciando los graves problemas que conlleva la actual política criminal.


La Federación Andaluza ENLACE, compuesta por 108 entidades de toda Andalucía que trabajan en el ámbito de la prevención y la atención de las drogodependencias y la exclusión social, considera absolutamente necesario abrir un debate serio, riguroso y constructivo sobre la eficacia de la política de drogas actual, que no está consiguiendo los objetivos marcados de descenso de la oferta y la demanda de sustancias, y sin embargo está acarreando muchos problemas añadidos a las personas consumidoras y a sus familias.

Según Antonio Escobar, presidente de ENLACE, «la actual política de drogas criminaliza a la persona consumidora, no hay más que ver el porcentaje de personas con problemas de drogodependencias en las cárceles españolas (en torno al 80%)». Por otro lado, «la prohibición no ha conllevado un descenso de los consumos problemáticos, sino un aumento de los riesgos y daños asociados: adulteración, enfermedades, muertes, jóvenes entrando en contacto con mafias, etc. Y generalmente las personas que se ven más afectadas son a su vez las más vulnerables: provienen de entornos conflictivos y marginales, y no disponen de los recursos económicos, familiares y sociales para afrontar un problema de tal envergadura».

ENLACE siempre ha apostado por estudiar nuevas estrategias más normalizadoras y menos represivas, basadas en criterios científicos y persiguiendo mejorar la calidad de vida de las personas, y las experiencias llevadas a cabo en este sentido no han hecho más que confirmar este convencimiento. Tal es el caso del Proyecto Experimental de Prescripción de Estupefacientes de Andalucía (PEPSA), que culminó con éxito pero no pasó de ser un experimento sin continuidad. La dispensación terapéutica de cannabis también es una demanda de la Federación: «llevamos muchos años asistiendo a una verdadera injusticia, como es la de imposibilitar a personas enfermas el acceso legal a un tratamiento y obligarlas a conseguir cannabis de forma clandestina, cuando es una realidad su uso terapéutico».

La Federación Andaluza no está sola a la hora de reivindicar una política de drogas más eficaz: «Pertenecemos a UNAD y a la Coalición Europea por Políticas de Drogas Justas y Eficaces (ENCOD), y trabajamos con otras entidades a nivel estatal, europeo e internacional para dar pasos en este sentido: el de la justicia, la solidaridad, la razón y el bienestar de toda la sociedad. Estamos firmemente convencidos de que otra política de drogas es posible y, sobre todo, necesaria».