• La Red española de lucha contra la pobreza y la
  exclusión social en el Estado español (EAPN-ES) viene manifestando, a través de
  la acción de sus entidades miembro y a través de sus actuaciones conjuntas, el
  notable cambio que ha sufrido la realidad social española a partir de la crisis
  económica. Debido a la fragilidad y precariedad en el empleo, a la
  desigualdad existente, a la baja intensidad protectora de muchas prestaciones,
  situaciones todas ellas preexistentes a la crisis, la pobreza y la exclusión se
  han acelerado de manera notable, manifestando la situación de “falso bienestar”
  en la que vivíamos. La
  crisis, por tanto, eleva el riesgo de que se vean en la pobreza nuevos grupos
  de personas, sobre todo a través de la pérdida del empleo, la vivienda y del
  empeoramiento de los ciclos de deuda, además de aquellas que ya se encontraban
  en situación de pobreza y se enfrentan a un endurecimiento de su situación.
• Desde
  hace tiempo, venimos manifestando  que estamos atravesando por un momento
  crucial en la Estrategia Europea
  por la Inclusión Social.
  Ya en los actos del 17 de Octubre -Día Internacional  de
  lucha contra la pobreza-  del año pasado, hicimos una fuerte llamada de
  atención a este respecto, que en estos momentos se hace mucho más aguda al
  estar a punto de comenzar el Año Europeo contra la Pobreza y la Exclusión Social, 
  a las puertas de la Revisión
  de la Estrategia
  de Lisboa, aprobada el año 2000 y con una vigencia de diez años, y en el
  inminente inicio de la
  Presidencia Española de la U.E.

Ambos aspectos constituyen hoy,
en el  DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA POBREZA
  Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL (17 de Octubre), un reto
obligatorio. Por ello, queremos hacer hincapié en  la necesidad de avanzar
en un nuevo Modelo Social que contemple, entre sus objetivos prioritarios, los
desafíos que la lucha contra las situaciones de pobreza y exclusión social
hacen ineludibles, y sin los que las medidas adoptadas, ante las urgencias de
la crisis, no llegan a alcanzar a todas las personas que las necesitan, ni
resuelven los problemas, paliándolos tan sólo momentáneamente.

• Entendemos que el año 2010 es un momento crucial
  para la Unión Europea. La
  crisis económica ha planteado nuevas cuestiones al poner también de manifiesto
  la debilidad de un modelo económico que ha promovido el crecimiento económico e
  incrementado el consumismo a expensas de la cohesión social. La competencia y
  el libre mercado han prevalecido sobre la defensa de los derechos
  fundamentales, y el crecimiento no ha tenido como resultado una menor pobreza,
  sino que ha incrementado las desigualdades entre regiones, así como entre ricos
  y pobres. Esto ha convertido la desigualdad en el motor principal de una
  economía inestable e insostenible a nivel global.
• La
  crisis plantea varios retos a la Unión Europea, pero es también una oportunidad
  para perfilar una nueva visión para la misma y su papel en el mundo. Es
  necesario promover enérgicamente la visión ética y los valores de la Unión Europea,
  tomando como   punto  de  partida el afrontamiento  del  fracaso  del  actual
    modelo   de crecimiento y empleo para distribuir riqueza
  y bienestar de forma eficaz, combatir la discriminación y promover la cohesión
  social.  Para lograr un “modelo de crecimiento ético y
  sostenible”, son necesarias una nueva visión de desarrollo sostenible y una
  equidad global. Este
  nuevo modelo social europeo debe:
• Poner la
  economía al servicio de las
  necesidades sociales (tanto para el medioambiente como para las
  personas), anteponiendo las personas y el planeta a los beneficios,
• Poner la
  economía al servicio de un desarrollo
  social y sostenible,
• Reducir
  activamente las desigualdades
  y la pobreza,  basándose en un enfoque fundamentado en los
  derechos y que reconozca tanto la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la
  exclusión social como la defensa de los derechos fundamentales, como retos
  prioritarios y requisitos esenciales a nivel europeo y global.
• Pero no
  se trata de demandas y exigencias puramente declarativas. Para que esos
  objetivos se conviertan en realidad, son necesarias medidas que hagan frente a
  las urgencias provocadas por la crisis, yendo más allá de la misma, pues su
  efectividad para conseguir la cohesión social sólo puede ser real dentro de ese
  nuevo modelo social europeo.

Por
ello, demandamos “un Pacto por la Inclusión
Social” que es obligado concretar durante este período de
crisis, pero que trascienda la coyuntura de la crisis. Un Pacto
que no sea cuestión únicamente del Ministerio al que conciernen en exclusivo
las Políticas Sociales, sino de todos los Ministerios, -lo que debe ser
igualmente trasladado a todos los niveles de las Administraciones Públicas,
especialmente las Comunidades Autónomas-.

• Consideramos
  obligado este Pacto, pues sin él será difícil resolver el déficit de Cohesión e Inclusión Social, así
  como adoptar las propuestas que son imprescindibles y que hemos propuesto
   a través del Foro de Agentes Sociales:
• Una protección
  social que supere los límites del sistema de garantía de ingresos mínimos. La crisis económica ha puesto de
  manifiesto el déficit de protección social existente en España, por lo que resulta urgente el desarrollo de un
  nuevo sistema de garantía de ingresos.
• Incentivar las políticas activas
  de empleo que
  favorezcan el acceso al mismo de las personas en situaciones de mayor
  vulnerabilidad o en la exclusión socio‐laboral. Es necesaria, además, una urgente elaboración
  de políticas públicas de fomento, potenciación y reactivación del sector
  empresarial de la economía social.
• Capacitación y formación como
  apoyo a la transición del desempleo al empleo y retorno al sistema educativo. La clave en este ámbito es la inclusión activa.
• Unas Políticas de empleo que
  garanticen puestos de trabajo de calidad, decentes y con capacidad de sostener
  una vida familiar estable y digna. El empleo es el principal mecanismo de inclusión
  social y salida de la pobreza, pero solo si este es de suficiente calidad como
  para permitirlo. Todo lo demás es pura explotación de la necesidad del más
  débil.
• Facilitar el acceso a la
  vivienda a familias con menos recursos, Es imprescindible frenar las situaciones de
  expulsión y pérdida de la vivienda, y realizar planes públicos para el
  aplazamiento del pago de la hipoteca, para abaratar el coste de los servicios
  de luz, agua, gas…, etc.
• Una política de inmigración
  donde nadie pierda en el camino de la legalidad y la integración, y con la que la población autóctona no
  desarrolle actitudes racistas.
• Establecer itinerarios de
  inserción dirigidos a las personas más vulnerables. Es indispensable la participación activa del
  Tercer Sector en este proceso, así como en su tarea de prevención y de apoyo a
  los colectivos en situación de pobreza y exclusión.
• La
  cuestión no está en que desde todas las instancias de la Administración Pública
  se remitan las situaciones de necesidad, de pobreza y exclusión a los servicios
  sociales y a los departamentos correspondientes de las Políticas Sociales. La
  cuestión es otra: se trata de un Pacto en el que se asuma la exclusión que se
  genera en los ámbitos de competencia de cualquier Ministerio y/o Consejería y
  qué medidas se toman en esos mismos aspectos y ámbitos. Y todo esto, hecho de
  forma articulada. Es decir, con un Plan que implique  a todos y todas. Y,
  por descontado, que implique a todos los actores cívicos, económicos y sociales
  a través del diálogo social y del diálogo civil.