Mercedes Cabrera ha afirmado que “no es intención del Gobierno territorializar las ayudas por el
0,7% del IRPF”, destinadas a financiar proyectos sociales. Esta declaración
sintoniza con la posición que ha venido manteniendo la Plataforma de ONG de
Acción Social, contraria a la territorialización y favorable al
mantenimiento del actual sistema por siete razones fundamentales, recogidas
en un documento aprobado por su asamblea:

1. Los programas que se realizan con los fondos procedentes del 0,7% del IRPF contribuyen
   a la cohesión social y territorial y a la solidaridad general en un Estado
   compuesto como es el Estado de las Autonomías.
2. Al situar las necesidades sociales de
   los ciudadanos en primer término, se favorece la generación de políticas
   sociales comunes, de ámbito estatal, al margen de criterios territoriales o
   de recaudación.
3. Permite una mejor asignación de los
   recursos financieros disponibles, de acuerdo a los criterios de “eficiencia y
   economía” a los que debe responder la programación y ejecución del gasto
   público. La desaparición o fragmentación del programa estatal supondría mayores
   costes de gestión y aumentaría las dificultades de coordinación en los
   procedimientos de intervención, gestión y evaluación de proyectos, para
   garantizar las condiciones básicas de igualdad.
4. Favorece el equilibrio territorial
   con la consiguiente redistribución de recursos entre las CC.AA. de distinta
   capacidad fiscal. Una distribución territorializada en función de datos
   económicos -los impuestos obtenidos de las personas que residen en las CC.AA.-
   primaría que se destinasen recursos sociales a territorios que disponen de
   mayor riqueza y renta posible para atenderlas. Todo ello, en detrimento de los
   principios constitucionales de igualdad, solidaridad económica, política y
   social.
5. La transferencia a las CC.AA. de la
   asignación tributaria del 0,7 del IRPF podría quedar subsumida en los
   presupuestos generales de cada Comunidad no quedando garantizado que dicha cesión
   sea gestionada por las organizaciones del Tercer Sector para fines
   sociales.
6. El programa se financia gracias a la
   decisión voluntaria de los contribuyentes que, año tras año, han destinado una
   parte de sus impuestos, confiando en un sistema que funciona desde hace más de
   20 años, y con ingresos crecientes. Son, por tanto, las personas, y no los
   territorios, quienes, al pagar sus impuestos, determinan el alcance de esta
   asignación tributaria.
7. Una parte importante de los
   programas sociales se desarrollan por ONG implantadas en todo el territorio del
   Estado o en varias comunidades autónomas, mediante una actuación planificada y
   una gestión racional de sus recursos, con las naturales sinergias. Esta
   coordinación solo puede hacerse desde una dimensión estatal del sistema.

En
sentido contrario, la territorialización podría perjudicar la vertebración
de la política social en España ya que:

1. Daría lugar a la multiplicación de las
   estructuras de las ONG que desarrollan los programas, incurriendo en gastos
   ineficaces
2. Se perdería el efecto del “trabajo en red” que tan buenos frutos ha dado al
   sistema.
3. Podría ocasionar la desaparición de
   actuaciones de acción social realizadas por organizaciones pequeñas.
4. Perjudicaría el desarrollo de la ley para la Autonomía personal.

La Junta Directiva de la Plataforma acordó ayer solicitar
al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte su participación en el
proceso anunciado en el Congreso de los Diputados para revisar las medidas y
criterios en función de los cuales se procederá, en un futuro próximo, al
reparto de los fondos procedentes del 0,7% del IRPF destinado a Fines Sociales.
Un proceso en el que, según Cabrera, las Comunidades Autónomas tendrán una
mayor participación y en el que las ONG de Acción Social deberían también
participar, dada la experiencia y conocimiento que estas organizaciones pueden
aportar en el análisis de las necesidades de los colectivos más vulnerables,
clave en la fijación de los indicadores objetivables de reparto.

Por último, la Plataforma continuará con los contactos
que viene manteniendo con los distintos grupos parlamentarios para que el
proyecto de ley de Presupuestos, cuyo debate se iniciará en octubre y concluirá
previsiblemente en diciembre, no incorpore ninguna modificación que afecte al
mantenimiento del sistema actual de reparto.