20 octubre 2008
La Plataforma aplaude la decisión de no territorializar la distribución del 0,7% del IRPF destinado a Fines Sociales

La junta
directiva de la Plataforma de ONG de Acción Social ha valorado muy
positivamente el anuncio formulado en el Congreso de los
Diputados por la ministra de Educación, Política Social y Deporte, Mercedes
Cabrera, según la cual la distribución del 0,7% del IRPF destinado a Fines
Sociales no se territorializará. La Plataforma, en la que está integrada UNAD, aplaude la decisión del
Gobierno, que coincide con la posición de esta organización social, aprobada en
su asamblea general


 

Mercedes Cabrera ha afirmado que “no es intención del Gobierno territorializar las ayudas por el
0,7% del IRPF”, destinadas a financiar proyectos sociales. Esta declaración
sintoniza con la posición que ha venido manteniendo la Plataforma de ONG de
Acción Social, contraria a la territorialización y favorable al
mantenimiento del actual sistema por siete razones fundamentales, recogidas
en un documento aprobado por su asamblea:

  1. Los programas que se realizan con los fondos procedentes del 0,7% del IRPF contribuyen
    a la cohesión social y territorial y a la solidaridad general en un Estado
    compuesto como es el Estado de las Autonomías.
  2. Al situar las necesidades sociales de
    los ciudadanos en primer término, se favorece la generación de políticas
    sociales comunes, de ámbito estatal, al margen de criterios territoriales o
    de recaudación.
  3. Permite una mejor asignación de los
    recursos financieros disponibles, de acuerdo a los criterios de “eficiencia y
    economía” a los que debe responder la programación y ejecución del gasto
    público. La desaparición o fragmentación del programa estatal supondría mayores
    costes de gestión y aumentaría las dificultades de coordinación en los
    procedimientos de intervención, gestión y evaluación de proyectos, para
    garantizar las condiciones básicas de igualdad.
  4. Favorece el equilibrio territorial
    con la consiguiente redistribución de recursos entre las CC.AA. de distinta
    capacidad fiscal. Una distribución territorializada en función de datos
    económicos -los impuestos obtenidos de las personas que residen en las CC.AA.-
    primaría que se destinasen recursos sociales a territorios que disponen de
    mayor riqueza y renta posible para atenderlas. Todo ello, en detrimento de los
    principios constitucionales de igualdad, solidaridad económica, política y
    social.
  5. La transferencia a las CC.AA. de la
    asignación tributaria del 0,7 del IRPF podría quedar subsumida en los
    presupuestos generales de cada Comunidad no quedando garantizado que dicha cesión
    sea gestionada por las organizaciones del Tercer Sector para fines
    sociales.
  6. El programa se financia gracias a la
    decisión voluntaria de los contribuyentes que, año tras año, han destinado una
    parte de sus impuestos, confiando en un sistema que funciona desde hace más de
    20 años, y con ingresos crecientes. Son, por tanto, las personas, y no los
    territorios, quienes, al pagar sus impuestos, determinan el alcance de esta
    asignación tributaria.
  7. Una parte importante de los
    programas sociales se desarrollan por ONG implantadas en todo el territorio del
    Estado o en varias comunidades autónomas, mediante una actuación planificada y
    una gestión racional de sus recursos, con las naturales sinergias. Esta
    coordinación solo puede hacerse desde una dimensión estatal del sistema.

En
sentido contrario, la territorialización podría perjudicar la vertebración
de la política social en España ya que:

  1. Daría lugar a la multiplicación de las
    estructuras de las ONG que desarrollan los programas, incurriendo en gastos
    ineficaces
  2. Se perdería el efecto del “trabajo en red” que tan buenos frutos ha dado al
    sistema.
  3. Podría ocasionar la desaparición de
    actuaciones de acción social realizadas por organizaciones pequeñas.
  4. Perjudicaría el desarrollo de la ley para la Autonomía personal.

La Junta Directiva de la Plataforma acordó ayer solicitar
al Ministerio de Educación, Política Social y Deporte su participación en el
proceso anunciado en el Congreso de los Diputados para revisar las medidas y
criterios en función de los cuales se procederá, en un futuro próximo, al
reparto de los fondos procedentes del 0,7% del IRPF destinado a Fines Sociales.
Un proceso en el que, según Cabrera, las Comunidades Autónomas tendrán una
mayor participación y en el que las ONG de Acción Social deberían también
participar, dada la experiencia y conocimiento que estas organizaciones pueden
aportar en el análisis de las necesidades de los colectivos más vulnerables,
clave en la fijación de los indicadores objetivables de reparto.

Por último, la Plataforma continuará con los contactos
que viene manteniendo con los distintos grupos parlamentarios para que el
proyecto de ley de Presupuestos, cuyo debate se iniciará en octubre y concluirá
previsiblemente en diciembre, no incorpore ninguna modificación que afecte al
mantenimiento del sistema actual de reparto.