¿Qué importancia tiene este año la declaración de
la renta en lo que se refiere a las entidades de carácter social?

Tiene una importancia determinante para las
personas para quienes trabajamos. Cada año la tiene, pero yo diría que en 2008
la tiene aún más, si cabe, por un motivo fundamental: se ha incrementado del
0,5239 al 0,7 el porcentaje del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
(IRPF) destinado a financiar proyectos de interés social. Es decir, cuando
marquemos la casilla de Fines Sociales estaremos destinando el 0,7% de nuestra
cuota íntegra a financiar proyectos sociales. En consecuencia, se incrementará
significativamente la cuantía de las aportaciones sin que esto le cueste nada a
los contribuyentes, porque marcar esa casilla, sólo o conjuntamente con la de
la Iglesia Católica, no afecta en nada a nuestra declaración. Ni tendremos que
pagar más, ni nos devolverán menos dinero.

Si todos los contribuyentes marcaran la casilla de
Fines Sociales, sólo o conjuntamente con la dedicada a la Iglesia Católica,
¿qué cantidad se podría recaudar y cuántos programas se podrían desarrollar?

De acuerdo con los últimos datos disponibles,
correspondientes a la declaración que realizamos en 2006 sobre las rentas que
percibimos en 2005, los contribuyentes aportamos 144,562 millones de euros a
Fines Sociales. Sin embargo, esa cantidad se redujo a 132,222 millones de
euros, por un tope, ya desaparecido, por fortuna, que fijaba la Ley de
Presupuestos. Con esta cantidad se financiaron 895 programas para personas con
discapacidad, mayores, familias, migrantes, mujeres… Uno de cada dos
contribuyentes hace ya ese gesto tan sencillo y solidario que significa marcar
la casilla de Fines Sociales. ¿Qué pasaría si todos lo hicieran? Que entre
todos reforzaríamos, sin duda, la política social que se desarrolla en este
país porque este modelo tributario nos brinda una oportunidad genial para
ejercer, a pequeña escala, como ministros de economía y decidir personalmente a
qué queremos que se destine una parte de nuestros impuestos: a financiar
programas sociales. Sinceramente, no se me ocurre una inversión mejor.

Un porcentaje elevado de los contribuyentes no
marca ninguna casilla. ¿Qué les diría para convencerles de que su contribución
es importante?

En efecto, casi un 33% se queda en blanco. Según
una encuesta que realizamos el año pasado entre mil contribuyentes, un 14% no marca ninguna casilla porque los amigos, parientes o asesores
que les hacen la declaración, no les preguntan si quieren marcar algo. Un 7%
indicó que no marcaba nada porque se le olvida. Yo les diría que su olvido o
indiferencia tiene un coste social muy importante porque cada euro cuenta. Cada
proyecto es fundamental para los colectivos más desfavorecidos. Porque el
dinero que se aporta a través de la declaración de la renta no va, como muchos piensan
erróneamente, a financiar las estructuras, oficinas o funcionamiento de las
ONG. Va a las personas con discapacidad física que necesitan ayuda a domicilio,
a las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama que precisan acudir a centros de
rehabilitación, a apoyar a las familias de las personas con discapacidad
intelectual o a las familias con personas mayores a su cargo en fase terminal,
a residencias para mayores en situación de dependencia… El etcétera es
larguísimo.

¿Pueden estar seguros los ciudadanos de que su dinero
se destina a los fines que se señalan?

Totalmente. Del dinero recaudado a través de esta vía, el 80% lo
distribuye el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS) entre las
entidades de carácter social mediante
una rigurosa convocatoria de subvenciones con cargo a la asignación tributaria
del IRPF. Aquellas que reciben subvenciones públicas,
deben presentar a las administraciones exhaustivas justificaciones de los
proyectos aprobados, no sólo para demostrar que se ha hecho lo que se dijo que
iba a hacerse, sino también facturas que acrediten la inversión de ese dinero.
Hay que acreditarlo conforme a lo dispuesto en la ley y el reglamento de
subvenciones: es decir, se requiere una justificación exhaustiva ante el
organismo concedente, que incluso puede derivarlo a auditorías externas. Además, puede dar lugar
a auditorías de la Intervención General del Estado y, en su caso, del Tribunal
de Cuentas. Es decir, la Administración tiene mecanismos para verificar el
trabajo que realizamos y los utiliza. En definitiva: hasta el último euro va donde debe. Con los controles
que exige la ley. Como debe ser.

¿Qué programas financiados
por el IRPF destacaría y a cuánta gente pueden atender?

Cada año se financian en torno a 900 programas. Además de los
ya mencionados, hay programas para la reinserción de menores con trastornos de
conducta, destinados a garantizar el acceso al tiempo libre educativo durante
las vacaciones estivales de niños de familias con necesidades económicas, a la
acogida temporal de migrantes, a prestar atención a las familias con miembros
sordos, a la población rural desfavorecida, a la inserción laboral y social del
pueblo gitano… Resulta difícil
destacar sólo algunos porque todos son importantes. El Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales prioriza la subvención de aquellos cuyos beneficiarios directos sean las personas en
situación de dependencia y sus familias. El 17% del dinero recaudado se destina
a estos fines y casi un 23%, a mayores. También considera prioritarios los
programas para la inclusión social, que se orientan hacia la prevención y la
lucha contra la pobreza. Respecto a las personas que se atienden gracias a
nuestra asignación tributaria, es un dato que estamos pendientes de recibir del
MTAS, que es quien dispone de la información precisa, porque es quien recibe
los proyectos que elaboramos las ONG, donde identificamos el número de personas
que recibirán atención en cada caso.

El futuro de las entidades de carácter social, ¿pasa
por este tipo de financiación o cree que se pueden aplicar otras fórmulas?

Bajo nuestro
punto de vista, más allá del actual sistema de asignación tributaria a través
del IRPF, el Estado y las Administraciones deben establecer un presupuesto
estable de gasto social. Hasta que se llegue a tal formulación legislativa,
consideramos necesario que, manteniendo el sistema actual, se formalice un
compromiso para que la dotación prevista, a partir del próximo año, vaya
elevándose anualmente, desde el 0,7% de la cuota íntegra vigente en la
actualidad, hasta alcanzar un 1% de tales cuotas.