«En comparación con otros países, España proporciona unos servicios adecuados
de prevención y tratamiento del VIH a las personas que se inyectan
drogas», señala el autor principal del trabajo, Bradley Mathers, del
Centro Nacional de Investigación sobre Drogas y Alcohol de la
Universidad de Nueva Gales del Sur (Sydney, Australia).

En concreto, el
investigador destaca «la introducción de programas de agujas y jeringuillas en las prisiones» de nuestro país, que constituye «un ejemplo que otros estados están considerando y algunos están siguiendo».
Asimismo, Bradley subraya el correcto suministro de terapias de
sustitución para la adicción a la heroína (fundamentalmente, metadona),
así como la administración de tratamiento antirretroviral a todos los
toxicómanos españoles.

«La posibilidad de recibir la mejor atención
sanitaria disponible es un derecho del que deben disfrutar todos los
individuos, incluidos quienes consumen drogas por vía parenteral»,
apunta Mathers.
Sin embargo, todavía son mayoría las naciones en las que los
heroinómanos están prácticamente excluidos de cualquier iniciativa
médica o social.

Tal y como explican los autores del análisis, no sólo
está en juego el derecho a la salud de los usuarios de sustancias
inyectadas, sino el control de la expansión del VIH en todo el mundo. Medidas tan básicas como evitar que se compartan jeringuillas que pueden estar contaminadas son muy efectivas.

Se calcula que en todo el mundo hay 16 millones de toxicómanos por vía parenteral,
tres millones de los cuales son seropositivos. Por lo tanto,
representan el 10% de las personas con VIH. A pesar de estas abultadas
cifras, tan sólo el 8% de quienes se inyectan heroína u otras
sustancias tuvieron acceso a los programas de intercambio de
jeringuillas durante el año pasado.

En cuanto a las terapias
sustitutivas, únicamente están implantadas en 70 países. Y en buena
parte de los estados que las suministran son muy pocos los usuarios que
realmente las reciben. Con los fármacos antirretrovirales ocurre algo
similar: hay naciones (Chile, Kenia, Pakistán y Rusia, entre otras) en
las que apenas alcanzan al 1% de los consumidores de heroína.

Los autores del estudio constatan con preocupación la existencia en 11 países asiáticos de sistemas de reclusión obligatoria
de los drogodependientes en centros de desintoxicación. Este tipo de
métodos, además de lesionar los derechos humanos, «no han demostrado
efectos positivos sobre el uso de drogas, el riesgo de VIH o su
incidencia», aseguran.

Por otro lado, la legislación de muchos países africanos prohíbe los
opioides para el tratamiento del dolor, restricción que se extiende a
la prescripción de terapias sustitutivas con metadona y otras
sustancias.
Tanto los responsables del análisis como los firmantes de un
comentario que acompaña al trabajo hacen hincapié en la necesidad de
concienciar a las autoridades sanitarias del respaldo científico
con el que cuentan las medidas de prevención del VIH en el colectivo de
consumidores de heroína y otras sustancias inyectadas.
«La cobertura de servicios en muy baja», concluyen los autores,
quienes añaden que resulta «insuficiente para prevenir, parar o dar un
vuelco a la epidemia de VIH en esta población».