Declaración de Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia

Las 54
entidades de 17 países representantes de La Red Iberoamericana de ONG que
Trabajan en Drogodependencias (RIOD), reunidos en Santa Cruz de la Sierra, del
20 al 24 de abril, considerando que:

• El consumo de drogas es uno de los  problemas sociales y de salud pública que requieren de
  respuestas globales, integradoras y construidas en el marco de los
  Derechos Humanos, que promuevan la construcción de ciudadanía y el
  desarrollo sostenible.
• Las instituciones, la sociedad civil y las personas tenemos derecho
  y la obligación de participar en el diseño, ejecución y evaluación de las
  políticas públicas en conjunto con los gobiernos.

Declaramos que:

• Los
  Derechos Humanos son de aplicación para todas las personas, independientemente
  de que tengan o no problemas de consumo de drogas.
• El
  consumo de
  drogas no es sólo un problema individual sino social y de salud pública.
• La
  prevención es la prioridad para promover estilos de vida saludables y para el
  fortalecimiento del tejido social.
• Los
  programas de carácter asistencial/ tratamiento/ rehabilitación/ inclusión
  social/  deben ser de acompañamiento, de
  fortalecimiento y de reconocimiento del consumidor como un sujeto de derechos
  que es protagonista de su proceso de cambio.
• Los
  programas de prevención, asistencia e inclusión social son los que deben
  adaptarse a las personas, a sus potencialidades y necesidades.
• Las
  personas con
  problemas de drogas tienen derecho a una atención adecuada independientemente
  del país en que vivan y de su situación jurídico-penal.
• La
  diversidad de intervenciones y programas de prevención, tratamiento y
  rehabilitación es un elemento imprescindible para los procesos de inclusión
  social.
• Es
  necesario que los organismos internacionales, los gobiernos Iberoamericanos, y
  las agencias de cooperación internacional, cuenten con las organizaciones
  sociales para diseñar,  implementar y
  evaluar las políticas públicas en materia de drogas.

Instamos a los
Gobiernos y a los organismos internacionales a:

• Valorar
  y promover la participación de los diversos actores sociales en el diseño,
  ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de drogas.
• Asignar
  recursos suficientes para el desarrollo de los programas de prevención,
  tratamiento e inclusión social, priorizando programas sociales dirigidos
  especialmente a las poblaciones que viven en condiciones de mayor exclusión
  social.

Santa Cruz de la Sierra, 24 de abril de 2009