Seguramente nunca pensó que alejarse de su maltratador sería tan
complicado. Raquel (nombre ficticio) denunció a su pareja que, pese a
todo, seguía persiguiéndola. Cuando intentó pedir ayuda en un centro de
acogida se encontró con las puertas cerradas. Raquel no era una víctima
de violencia de genéro como las demás, ella sufría también adicción a
las drogas. «Tuvimos que acogerla en nuestros pisos», cuenta una
trabajadora social de un centro para drogodependencias de Vigo. «Pero
no están adaptados para ellas, en las salidas tenía miedo de que él la
siguiera». Las viviendas para mujeres maltratadas excluyen a las
personas con adicciones en la mayoría de las comunidades autónomas, por
carecer de medios para evitar posibles problemas de convivencia.

La falta de recursos especializados las deriva a los centros de
tratamiento de drogodependencias habituales, donde pueden llegar a
compartir terapia con hombres que precisamente tienen problemas para
controlar la violencia. En este entorno, no encuentran solución a sus
problemas de dependencia emocional, abusos o autoestima. Con el riesgo
añadido de acabar cayendo en nuevas relaciones tormentosas.

¿Cómo
conciliar la atención a este colectivo con los intereses de otras
personas necesitadas de ayuda? El problema es complejo y pese a su
invisibilidad, no tiene una dimensión menor. Un estudio realizado por
la Asociación de Entidades de Centros de Día de Dependencias (ASECEDI)
concluyó que un 53% de las mujeres que acudían a terapia de
rehabilitación eran maltratadas por sus parejas. Esto se traduce en
cientos de mujeres al año. El perfil es el de una chica joven, con
nivel de estudios medio-bajo y una situación económica algo precaria;
en muchos casos, con episodios de abusos en la infancia. La acumulación
de todos estos problemas puede desembocar en una personalidad
dependiente, tanto a las sustancias como a eventuales parejas, que a
menudo también son consumidores. Según una investigación que Proyecto
Hombre presentó en el último Congreso Nacional de Psiquiatría, un 73%
de las mujeres drogodependientes ha continuado relaciones afectivas
aunque éstas hayan sido violentas.

Atrapadas en un problema
doble, se encuentran además con grandes dificultades para acceder a una
casa de acogida, en medio de la complejidad normativa de los distintos
centros. «Tienen que estar deshabituadas o sometidas a tratamiento con
compromiso explícito de abandono», dicen en Asturias. «Si es un consumo
grave no puede entrar inmediatamente», en Cataluña. «No pueden ingresar
ni con adicciones ni con trastornos psicológicos», señalan en Valencia.
Andalucía se desmarcó de la regla general regulando a finales de 2007
la entrada preferente para este colectivo.

«Los recursos así
establecidos son una barrera para estas mujeres», opina Claudia
Paolini, psicóloga de un equipo de acogida para mujeres maltratadas de
Zaragoza. Son competencia de las comunidades autónomas o de los propios
municipios, y los requisitos de entrada se concretan en cada centro.

La
mayoría no tiene personal sanitario ni especializado en adicciones, por
lo que no las admiten para evitar conflictos en la convivencia. «A
veces no podemos ayudarlas. Les atendemos parcialmente, mediante apoyo
psicológico», cuenta Paolini, «pero normalmente se autoexcluyen de la
terapia porque el otro problema les absorbe».

Ese «otro problema»
las conduce a centros de tratamiento de drogodependencias. Allí, en los
grupos mixtos, «el porcentaje de participación de mujeres es mínimo»
según las conclusiones de un grupo de trabajo del Plan Nacional sobre
Drogas que analizó esta situación en 2006. Las mujeres, que acarrean su
propio problema de maltrato familiar, en ocasiones llegan a unirse
sentimentalmente a hombres que han sido violentos con sus parejas, como
recuerda la psicóloga Paolini de alguna de sus experiencias.

Las
políticas para drogodependencias se han definido tradicionalmente
tomando a los hombres como patrón universal, tal y como reconocía el
Ministerio de Sanidad ya a finales de 2006, y no suelen prestar
atención a las particularidades del género femenino (maltrato,
maternidad, alimentación). Por eso se estableció la necesidad de
aumentar los recursos sociales para las mujeres drogodependientes, que
permitan un «abordaje integral» de su problema.

En la práctica,
esto ha quedado en manos de la voluntad de quienes trabajan con ellas.
La falta de especialización provoca que en determinados centros de
acogida, pese a todo, se siga atendiendo a mujeres maltratadas con
problemas añadidos de alcoholismo, toxicomanías o deficiencias
psíquicas. «Llegaba muchas veces borracha…» Así empieza la historia
en muchos de estos centros, aunque se comenta con recelo y
precauciones; es un tema tabú. Pese a los repetidos compromisos de
abandonar la bebida, los trámites burocráticos para tramitar una
expulsión pueden alargar estas situaciones demasiado, y quedan en manos
de trabajadores sociales que las atienden como pueden, sin ayuda de
médicos que controlen los tratamientos.

«No estamos preparadas
para trabajar con estas personas», cuenta una trabajadora que se
enfrenta con estos problemas a diario. «A veces incluso beben en el
centro». La situación se vuelve complicada entonces, empezando por no
realizar las tareas y descuidar la higiene y llegando a buscar la
confrontación directa con otras internas. Expulsarlas supone un riesgo
importante, ya que pueden quedar indefensas frente a su agresor. «Lo
único que podemos hacer es derivarlas a recursos especializados o a
centros de salud, pero también depende de su voluntad», concluye con
impotencia la trabajadora, que prefiere no dar su nombre.

«Hay
que tener en cuenta esta realidad», opina Juan Carlos Oria, director
del Centro de Día Zuría para drogodependientes de Navarra, que
participó en el estudio de ASECEDI. «No se puede cerrar los ojos sólo
porque se sabe que estas personas no van a protestar». La solución
pasa, según este profesional, por adaptar los recursos ya existentes
para afrontar esta situación particularmente compleja.

El
Ministerio de Sanidad, que subvencionó esta investigación a través del
Plan Nacional sobre Drogas, abordó la situación a la vista de los
resultados (la elevada tasa de violencia sufrida por las mujeres que
participan en terapias de deshabituación). Tras una serie de
conclusiones como la de «aumentar los recursos sociales específicos
para mujeres con drogodependencias», en la práctica se ha limitado a
situar al colectivo femenino como prioridad para las ayudas a la
drogodependencia, según explica el Subdirector General José Oñorbe.
Tampoco aquí hay una tendencia a crear unidades específicas de
tratamiento de adicciones para víctimas de violencia de género.

Andalucia pionera

Andalucía aprobó en noviembre de 2007 una ley de medidas de prevención
y protección integral contra la violencia de género que establece «el
ingreso preferente en la red pública de centros existentes» (casas de
acogida) para las mujeres maltratadas que pertenezcan a colectivos
«especialmente vulnerables», entre ellos las que tengan problemas de
adicción. En sus 40 centros de atención a víctimas de malos tratos
atendieron a 62 que presentaban drogodependencias durante 2007.

En Madrid, también se habilitó el año pasado un pequeño centro
pionero en esta cuestión. El Ayuntamiento destinó un alojamiento de la
Cruz Roja para mujeres drogodependientes víctimas de malos tratos. Está
dirigido a mayores de 18 años con menores a su cargo y tiene 8 plazas
disponibles.

En Vigo, cuya casa de acogida permanece ahora
cerrada rodeada de cierta polémica, se ha anunciado su sustitución por
un centro de emergencia que modernice la atención dada incluyendo,
entre otras cosas, a las mujeres con problemas de adicciones (aunque no
cuando la drogadicción «sea activa», puntualizan).

Pero, de
momento, no es la regla general en los recursos públicos. Desde hace un
tiempo, asociaciones como Proyecto Hombre o ACLAD, con larga
experiencia en trabajo con drogodependencias, intentan afrontar el
problema con sus propios medios. Fernando del Río, responsable de
formación del centro de Proyecto Hombre en Burgos, explica que hay que
elaborar programas específicos para mujeres. En Murcia, por ejemplo,
llevan dos años trabajando con grupos exclusivamente femeninos, que
facilitan a sus usuarias trabajar problemas más específicos, como el de
la dependencia afectiva.

Manolo Martín, trabajador social de
ACLAD en Valladolid, señala que casi la mitad de las mujeres a las que
atienden en sus terapias sufren malos tratos. «Cuando ya están en
tratamiento se les puede ofrecer ir a una casa de acogida, pero si allí
siguen consumiendo se van a la calle», comenta. Se enorgullece del
éxito de sus talleres especializados en mujeres, en los que ha visto
cómo algunas se separaban o divorciaban de sus parejas. «Seguimos
adaptándonos a trabajar el género», cuenta, añadiendo que en ciudades
pequeñas es más fácil ofrecer una mejor atención.